Violencia en Medellín

La violencia en Medellín, contada por el miembro de una peligrosa banda de la comuna 6

Foto: AFP

Con requisas, la Policía intenta frenar la violencia en las comunas, pero las muertes siguen. También, han impuesto toque de queda a menores.

Camilo* es un 'soldado' que pelea un conflicto que ya suma más de 1.000 muertos.

Viaje en el bus de la esperanza, que da estudio, salud y afecto a 5 mil niños de comunas de Medellín

co, con piercing en ambas orejas y en la ceja izquierda, de barba candado, bluyines gastados y usa manilla de cáñamo con una cruz. El día que EL TIEMPO lo entrevistó tenía los ojos rojos por el efecto de la marihuana.

La historia de Camilo en el mundo del hampa comenzó a los 14 años. Se 'parchaba' con el combo de 'Los Guacas' 'metiendo' vicio y robando. "Uno siempre empieza con güevonaditas y después van saliendo otras cosas", cuenta y asegura que ha logrado ser, con 28 años, el más veterano de un nuevo combo, cuyo nombre se reserva, porque ha sabido llevar la vida teniendo compañeros, pero sin confiar ciegamente en nadie.

Camilo está este año en medio de una guerra que ha llevado a más de 1.560 personas de Medellín al cementerio, casi todos jóvenes y casi todos pandilleros, como él. La comuna donde vive, la 6, es la más violenta de la ciudad, con 154 muertos hasta el 6 de octubre.

Recuerda que un día de diciembre del año pasado en la cuadra se aparecieron dos taxis escoltados por 15 motos.

Al mando estaba 'La Tortuga', de la banda 'La Machaca', y su mensaje era claro y contundente: debían entregar el control para ellos montar plazas de vicio (venta de drogas) y reproducir el régimen de cobro de 'vacunas' que rige en el sector aledaño. Órdenes de 'Valenciano', dijo.

La visita de 'La Tortuga' no le tocó atenderla a Camilo sino Lalo*, de 27 años, otro del combo, de apariencia tranquila. Su actitud fue agachar la cabeza y aparentar obediencia, pero les avisó al resto y plantearon la defensa.

"Aquí no hay cuchos (jefes), vivimos lo de nosotros. Somos de esta cuadra, nos criamos y defendemos lo de nosotros", explica Camilo.

A los tres días mataron a 'La Tortuga', aparentemente porque les fue con la misma propuesta a 'Los del Chispero', en otro barrio vecino, y lo despidieron con plomo. Pero otro continuó con la campaña expansionista ordenada por 'Valenciano'.

El trance actual se asemeja a un deja vú, porque hace tres lustros, después de la muerte de Pablo Escobar, cuando las bandas quedaron sin líder, hubo un conflicto similar: unas 450 bandas con 6.000 jóvenes enfrascadas en pequeñas luchas por territorio.

Entonces, Camilo tenía 14 años, era de 'Los Guacas' y ya había sufrido sus primeras heridas de bala. En esos tiempos intentaron hacer la paz entre combos, con programas con partidos de fútbol, con apoyo de la Alcaldía, pero fue en vano.

En el 2000, alias 'Don Berna' arribó con sus bloques paramilitares 'Cacique Nutibara' y 'Héroes de Granada' y por la vía del terror impuso un pacto de no agresión entre las bandas y un código que prohibía matar a menos que estuviera autorizado desde 'arriba'. Camilo dice que ellos nunca se plegaron y siguieron haciendo sus 'cruces', aunque sí acataron el 'manual de convivencia'.

Bala hasta en velorios

Sobrevivían en relativa paz hasta el año pasado, cuando los de la 'Oficina de Envigado' trasladaron sus líos de poder a las comunas y reactivaron los conflictos añejos entre 140 y 160 bandas que aún existen.

Las balaceras son constantes. Uno de los episodios más impactantes, porque recordó la guerra de los 90, fue el crimen de un estudiante del colegio Kennedy, de 16 años, el 28 de julio. Al día siguiente, en plena velación, abalearon al novio de su hermana.

"Como nosotros sabemos que la cuestión está caliente, no salimos de la cuadrita y la defendemos. Porque uno sabe que si coge de aquí para allá ahí mismo lo martillan", anota señalando los escasos 200 metros que lo separan de 'La Machaca'. Él ahora tiene un niño de 4 años y dice que por ese "retoño" está dispuesto a dejar la vida azarosa y volver a trabajar de mecánico.

Anota que la guerra entre barrios parece una repetición de ciclos, porque los niños que crecen en este ambiente empiezan a contaminarse apenas aprenden a caminar. Cuenta que ha visto a un vecinito de apenas 3 años que pasa corriendo y les avisa cada que ve a la Policía: "sancocho, sancocho, sancocho".

Recientemente, Camilo y Lalo estuvieron en una reunión del programa de la Alcaldía Fuerza Joven, que busca quitarle leña al fuego con una oferta de estudio y un subsidio de 400 mil pesos para 1.700 jóvenes que están en los 'combos'. El lío es que hay que ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, ni entradas a la cárcel. Camilo, aunque supera con creces la edad, tuvo una entrada a Bellavista por hurto.

"Si nos queremos reivindicar con la sociedad es porque tenemos antecedentes, donde fuéramos buenas personas no necesitaríamos esto -dice-. Uno quiere regenerarse es para poder ver crecer los hijos".

*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

Medidas no logran frenar los enfrentamientos

Ni los patrullajes de las fuerzas del orden ni los retenes ni el plan desarme ni el toque de queda nocturno para menores logran frenar los crímenes en Medellín. Las autoridades señalan como responsables a Maximiliano Bonilla, 'Valenciano', y Érick Vargas, 'Sebastián', dos 'duros' de la 'Oficina de Envigado' enfrentados por el control del narcotráfico de exportación. También pelean por el mercado local de drogas (que deja unos 10 mil millones de pesos al mes), las extorsiones y el impuesto a tragamonedas.

Sellado nuevo esfuerzo de paz

Las autoridades firmaron ayer un nuevo pacto de convivencia con los líderes de algunos de los 'combos' más pequeños que se disputan el control territorial de barrios como La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilian y Las Mirlas, en el centro oriente de Medellín. El compromiso busca la disminución de los enfrentamientos. El proceso lo lidera la Policía Comunitaria y la Secretaría de Gobierno local.

Por un día sin crímenes

¿Si Medellín tiene un día sin carro, por qué no podrá tener un día sin muertos?, fue la pregunta que en un almuerzo de trabajo lanzó hace dos meses un compañero de Betsy Carolina Valencia, una comunicadora, de 23 años, vinculada a proyectos de paz.

La idea quedó en el aire hasta que a finales de septiembre Betsy volvió a tocar el tema con Francisco Hernández, administrador de empresas que trabaja con ella en la Corporación Casa de Paz.

Fue cuando decidieron darle forma a la idea de un día sin asesinatos en Medellín y su área metropolitana desde Facebook: "23 de octubre, día sin muertes violentas en Medellín y el valle de Aburrá".

Este año, el día que más se acercó al ideal de Betsy y Francisco fue el 22 de septiembre, cuando las autoridades registraron un solo asesinato. Y en todo el 2008 solo hubo tres días en que no se reportó ningún homicidio.

NÉSTOR ALONSO LÓPEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MEDELLÍN

Mesa de DD. HH. y Convivencia

Formación de promotores de Derechos Humanos

Mesa de DD. HH. y Convivencia

Comuna Seis de Medellín

13, 15 y 19 de octubre

Programación

Martes 13 de octubre de 2009 (6:00 a.m. a 8:00 a.m.)

Los derechos humanos, conceptos, atributos, clasificaciones y debates.

Jueves 15 de octubre de 2009 (6:00 a.m. a 8:00 a.m.)

Dignidad e igualdad en la Constitución política de Colombia

Lunes 19 de octubre de 2009 (6:00 a.m. a 8:00 a.m.)

Defensa y protección de los derechos humanos.

Lugar

Universidad Santo Tomás, aula 106

Inscripción

Enviar correo a oficinahabeascorpus@gmail.com

Asesor jurídico y coordinador académico

Rafael Rincón Patiño

Pronunciamiento público

MANIFIESTO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Por la defensa de los Derechos Humanos, contra la violencia y la desigualdad social.

Las diferentes organizaciones de la Comuna 6 de Medellín: Asocomunal, Junta Administradora Local, las Mesas de Trabajo, Plan Desarrollo Local, líderes, organizaciones sociales y la Alcaldía de Medellín nos unimos en un proyecto por la VIDA y en un MANIFIESTO POR LOS DERECHOS HUMANOS así:

1. Que la vida sea respetada como derecho fundamental y como lo más sagrado de nuestra existencia.

2. Que los niños y jóvenes no sean utilizados en el conflicto, ellos tienen el legítimo derecho de sonreír y abrazar la ternura.

3. Que los hijos entierren a sus padres de viejos y en tranquilidad y no al contrario; que nuestros padres no entierren a sus hijos.

4. Que podamos expresarnos y denunciar los hechos de violencia sin morir en el intento.

5. Que no existan ni se repitan las masacres, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones, los homicidios, y los ríos de sangre que hemos vivido en nuestra Comuna 6.

6. Que se sepa la verdad, que haya justicia, y exista reparación y compromiso de no repetición.

7. Que exista igualdad ante la ley pero sobre todo ante la vida.

8. Que todos somos hermanos, que soñamos con una comuna libre, en paz y sin violencia, donde se respete los derechos humanos, donde haya oportunidades para todos y donde haya igualdad social.

9. Que la solidaridad esté presente ante todos y todas y que “somos pájaros de una sola ala y que nos necesitamos para poder volar”.

10. Que, una vez más, declaramos nuestra comuna un territorio para vivir dignamente.

MESA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA DE LA COMUNA 6

“NI UN MUERTO MAS EN MI COMUNA”

FIRMAS:

NOMBRE ORGANIZACION

Queremos es paz

Personería de Medellín sin delegado de ddhh

Personería de Medellín se quedó sin Delegado para los Derechos Humanos

MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 10:27 ADMINISTRADOR

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Oficialmente se conoció que el Personero de Medellín aceptó la renuncia de Jorge Ceballos.

Las contradicciones políticas y administrativas con el Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, llevaron a que el Personero Delegado para los Derechos Humanos, Jorge Ceballos, ratificara este lunes su renuncia, presentada desde el pasado 20 de agosto, y solicitara expresamente su aceptación.

Tales razones fueron expuestas este lunes durante una rueda de prensa ofrecida por Ceballos en la sede de la Unidad Permanentepara los Derechos Humanos (UPDH), donde estuvo rodeado de sus más inmediatos colaboradores, con quienes trabajó desde el 17 de enero de 2005, cuando se creó esta dependencia en convenio con la Secretaría de Gobierno de Medellín y adscrita a la Personería de Medellín.

Si bien en reciente entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Ceballos fue enfático al señalar que detrás de su renuncia “había intereses oscuros” de algunos sectores que no tenía identificados, la verdad es que durante el diálogo con los periodistas dejó claro que quien presionaba su salida era justamente su jefe, el Personero de Medellín.

El origen de las presiones lo tenía tan claro esta vez que cuando uno de los periodistas le preguntó si renunciaba al cargo porque sentía que ya no era un buen complemento del Personero de Medellín, su respuesta fue categórica: “Afírmelo así”.

Pese a las expresiones de apoyo provenientes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto locales, regionales como nacionales e internacionales, que solicitaron la no aceptación de la renuncia, Ceballos insistió en solicitarle al Personero de Medellín su aceptación, sustentando su decisión en la forma cómo se manejaron las relaciones entre la Personería y la Coordinación de la UPDH.

Y es que la situación entre ambos funcionarios se había fracturado desde el comienzo del segundo periodo de Jairo Herrán Vargas, justo cuando fue ratificado por el Concejo de Medellín para un segundo periodo a comienzos del 2008; además, las relaciones se habían agravado con el tiempo, al punto que, según Ceballos, la comunicación entre ellos estaba afectada en los últimos seis meses.

En sus explicaciones, el funcionario dimitente se refirió a esas diferencias como “contradicciones internas y administrativas con el señor Personero”, que se comenzaron a afectar cuando ambos fijaron posiciones contrarias sobre algunos temas sensibles para la ciudad.

Un ejemplo de esas diferencias lo representa la visión sobre la medida de toques de queda barriales, tomada por las autoridades locales en las últimas semanas. Ceballos considera que es una decisión excepcional que atenta contra varios derechos básicos de la ciudadanía y rechazó tajantemente la determinación; mientras que Herrán Vargas prefirió, antes de objetar la misma, abrir un compás de espera para evaluar sus resultados, principalmente en materia de protección a los derechos de la niñez.

Pero no sólo hay diferencias de enfoque sobre este tipo de temas. La distancia entre los dos funcionarios llevó a que el manejo de las políticas para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), el desplazamiento intraurbano y la infancia y adolescencia estuviera bajo el control del despacho del Personero de Medellín, cuando históricamente estaba bajo el control de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, que coordinaba Ceballos.

“Uno observa allí un desplazamiento sobre algunas funciones clásicas de la Unidad, eso se percibe, y percibo el mensaje que, aunque no es explícito, es implícito”, precisó el funcionario dimitente, y ante la pregunta de uno de los periodistas sobre si le pidieron la renuncia con mensajes subliminales, no vaciló en responder que sí y agregó: “según lo interpreté, él quería que yo me fuera”.

Otro de los aspectos que gravitó durante la charla con los periodistas fue el de los protagonismos políticos, asunto que ronda la decisión de Ceballos y, al parecer, la actitud del Personero de Medellín.

“A veces me duele ese asunto de los protagonismos”, afirmó Ceballos, consciente de que su tarea al frente de la coordinación de la UPDH durante los últimos cinco años y medio y la eficiencia de su grupo de trabajo convirtió esta dependencia en fundamental para la ciudad y el departamento, y es considerada una de las fuentes más confiables por organizaciones no gubernamentales extranjeras como la norteamericana Human Rights Watch.

Sin ninguna prevención al respecto, Ceballos admitió esa valoración y dijo, no sin antes aclarar que era una inmodestia, que “tengo que reconocer que la parte se volvió más importante que el todo”, en una cifrada alusión al conjunto de la Personería de Medellín, que constantemente se ve opacada por las labores de la UPDH.

En su carta de ratificación de la renuncia, Ceballos dejó claro que había cumplido un ciclo y afirmó que a través de su labor le supo responder a la ciudad, “como funcionario publico, defensor de los derechos y coordinador y animador de un equipo de trabajo que con inteligencia, convicción y esfuerzo se comprometió con una causa desde una dependencia en la que más que ocupar un empleo se adquiere un compromiso social”.

Ya de manera más informal, Ceballos expresó su preocupación por las contradicciones que suscita el trabajo de la UPDH y abogó para que no se cumpla el vaticinio de Human Rights Watch, que en diálogo con la Agencia de Prensa IPC manifestó el temor de que este tipo de problemas debilite el trabajo de defensa de los derechos humanos en Medellín, justo en el momento que más se necesita.

Tomado de www.ipc.org.co

¿La seguridad justifica todo?

Por

Jorge Mejia Martinez

Jorge.mejia@une.net.co

No sé qué pensar de lo siguiente: conocimos por uno de los canales de TV locales, que el señor Alcalde de Medellín se reunió el día 20 de agosto con miembros de las bandas o combos que actúan en la comuna 13, en un lugar del barrio Las Independencias. EL propósito era concretar un cese de hostilidades entre las organizaciones delincuenciales enfrentadas, a cambio de ayudas oficiales para los miembros involucrados a título de “inversión social”. La conminación por la no concreción del cese a la violencia, fue perentoria: ¡la autoridad ingresaría al sector con el ejército inclusive!

No he dejado de cavilar en el asunto. No recuerdo ningún alcalde de Medellín que en los últimos 20 años se haya reunido, personalmente, con miembros de los combos o bandas para concertar su desactivación. Sí lo han hecho las administraciones a través de consejeros o asesores de paz y convivencia. El resultado son múltiples pactos de no agresión o mesas barriales de buena voluntad, cuyos resultados pueden ser positivos en el momento, pero sin sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Los muchachos reciben unos recursos y atenciones por parte del Estado a nivel local, pero luego vuelven a reincidir o los que sí cumplen los acuerdos, rápidamente son reemplazados por otros que ingresan a la criminalidad. El círculo vicioso se alimenta y reproduce. El mensaje que se le da a la sociedad y, de manera particular, a los jóvenes no problema que son la inmensa mayoría, es que delinquir SÍ paga.

La ciudad está en mora de hacer una evaluación seria de las experiencias tenidas en este campo, particularmente la más reciente: El programa Jóvenes en alto riesgo, que implica una cuantiosa erogación para el Municipio que termina en los bolsillos de cerca de 1.200 muchachos y cuyo impacto no se siente – lo que ocurre hoy es la mejor muestra-. Ahora bien, no encuentro la justificación constitucional o legal para que la administración pública, a cualquier nivel, negocie con la delincuencia común –para hacer alguna distinción de la guerrilla o el paramilitarismo, con quienes sí hay herramientas jurídicas para concertar- en aras de su apaciguamiento sin someterse a la autoridad o a la justicia. Desde la gobernación de Antioquia, en el periodo anterior, siempre nos dimos contra la pared para encontrarle una salida jurídica a la posibilidad de desactivar las bandas y combos en municipios como Bello e Itaguí, desorientadas ante la desmovilización de los jefes paramilitares que actuaban como reguladores de su actividad. El gobierno nacional siempre nos respondió que no había camino jurídico para hacerlo. Pero, desde hace cerca de dos décadas las municipalidades de estas localidades, incluido Medellín -con la venia o no del gobierno nacional- han encontrado la argucia o el esguince para sentarse en la misma mesa con sectores delincuenciales a cambio de favorecimientos presupuestales.

Una semana después de la reunión del barrio las independencias del 20 de agosto, la ciudad conoció, desde otro lugar de la comuna 13, el plan operativo y social de las autoridades locales contra la inseguridad en Medellín. Se trata de una propuesta coherente, seria y bien pensada, digna del apoyo de toda la comunidad. Allí se enuncia que “se ampliarán los programas para jóvenes que elijan la legalidad”. Suena bien, pero ¿sí será justo con el resto de jóvenes que venciendo las tentaciones de ingresar a la delincuencia organizada, siguen esperando las esquivas oportunidades de la mano del Estado?

Otra incertidumbre: negociar con cada banda o combo de Medellín, parte del reconocimiento de que lo que ocurre en la ciudad es una confrontación o disputa por el control territorial y de actividades ilícitas, entre mini organizaciones delincuenciales que actúan como ruedas sueltas. Muchos piensan otra cosa: en Medellín existe una confrontación entre estructuras fuertes, centralizadas, con cobertura más allá de los barrios y las comunas, que tienen a su servicio a buena parte de las bandas y los combos, que deben “consultar” más arriba sus acciones. Es como si el gobierno nacional se pusiera a negociar con cada cuadrilla, frente o bloque de las Farc, a sabiendas que hay una estructura piramidal que parte desde el secretariado. Por lo menos, el desgaste es mucho mayor.

PD: Jorge Ceballos es un gran ciudadano y funcionario con importantes resultados, desde la dirección de derechos humanos de la Personería de Medellín. No hay motivo alguno para que su renuncia que sabemos no fue espontanea, sea aceptada. De ser así, pierde la administración pública, pierde la decencia de la política y perdemos todos.

Mesa de DD. HH. y Convivencia condena ataques contra los jóvenes

Comunicado a la Opinión Pública

El joven estudiante de Décimo Grado del Colegio Pedregal, Juan Esteban Nanclares, de 17 años, fue herido en una balacera que se desarrolló por grupos armados en las cercanías de la institución educativa.

La Mesa de DD. HH. y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín lamenta y reprueba todos los hechos de violencia y hace un llamado para que se tomen medidas eficaces de protección a la juventud.

De igual manera rechazamos los homicidios que se presentaron en las fronteras de los barrios París con el Picachito donde la delincuncia sigue haciendo de las suyas sin respetar la humanidad de ninguna persona.

La movilización ciudadana, el rechazo de todos y todas ante estos hechos debe ser un grito de esperanza y vida.

Que todas las voces se hagan escuchar para que no se repitan estos hechos contra la vida y la dignidad.

Entre fierros y cuadernos

Entre fierros y cuadernos

Nación Felipe Londoño tiene 10 años, estudia en el barrio más violento de Medellín y varios de sus compañeros ya se han matado a tiros. Aunque es el mejor de la clase, ha decidido no estudiar más.
Mauricio Builes

Si no fuera por la algarabía en las horas de descanso, los vecinos pensarían que es una escuela abandonada. Su fachada está rodeada de una maleza que esconde un parque inservible: quien juegue está expuesto a un balazo. Pareciera que la orden en la escuela San Martín de Porres fuera ¡Prohibido jugar!

Tras la entrada hay un portero flaco encargado de la puerta, de tocar la campana, de anotar los nombres de los visitantes y de reportar por un radioteléfono muertos, riñas, atracos, balaceras o suicidios. Llegó este año a la escuela, luego de que la Alcaldía de Medellín contrató una empresa de seguridad para que cuide las 416 instituciones públicas de la ciudad. Pero ya le han tocado reportes de sangre. Después de las vacaciones, una niña de tercero recibió un impacto de bala en una pierna. Otra de sus compañeritas dos meses atrás no pudo entrar a clase porque justo en la entrada se prendió un tiroteo y una bala le rozó un brazo. Y hace un mes, un alumno de quinto se subió hasta el borde del muro y amenazó con saltar si no le levantaban una sanción por indisciplina. Al final, una profesora lo convenció de que se bajara y tuvieron que cambiarlo de escuela. El niño era compañero de Felipe Londoño, el protagonista de esta historia y quien la semana pasada, cansado de esquivar balaceras, le confesó a su mamá que no quería estudiar más.

El barrio
‘Pipe’, como lo conocen en su barrio, tiene 10 años, juega fútbol y es aficionado a Michael Jackson. Vive en una casa en forma de triángulo con su mamá, el padrastro y una hermanita. Su papá está desaparecido desde hace dos años. Por estos días su único entretenimiento es ver videos del artista en youtube y tratar de imitarlo. No puede hacer más. Las canchas de fútbol del 12 de Octubre son plazas de vicio y si se atreve a jugar en la acera de su casa, corre el riesgo de que lo alcance un tiro. El ¡Prohibido jugar! de su escuela se ha extendido a los 10 barrios de la comuna más violenta de Medellín. Según la Policía Metropolitana, este año han asesinado a 150 personas, 200 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

Para Felipe, dejar su casa es como salir de una trinchera a un campo de batalla de casitas de ladrillo, escaleras laberínticas, paredes baleadas y motos de alto cilindraje. De lunes a viernes su misión es llegar sano y salvo hasta la escuela, a 10 cuadras. Antes lo acompañaba Mónica, su mamá, pero desde comienzos de 2009 el miedo la obligó a encerrarse. Ahora Felipe se va con una vecina que también tiene a su hijo en la San Martín.

Hasta el momento han logrado llegar sin un rasguño, pero en los últimos meses les ha tocado ver mujeres histéricas, persecuciones entre policías y matones, hombres ensangrentados y compañeritos heridos. No hay horario. Esa es la gran diferencia con la guerra de hace siete años, cuando las bandas y los combos tenían que pedir permiso a un patrón para matar a alguien o para cobrar una vacuna; cuando la jerarquía era respetada y hasta las horas de combate eran acordadas. Ahora no. A la comuna seis, por ejemplo, se la disputan 32 combos de casi 1.000 muchachos. Todos van tras los 4.000 millones de pesos que al mes dejan las plazas de vicio; las vacunas a los buses, tiendas y residencias; las tragamonedas, y la prostitución.

Pero, en medio de esos números fáciles de olvidar, hay una cifra que los periódicos suelen escribir con negrilla: el 70 por ciento de esos jóvenes son menores. Comienzan a la edad de Felipe como ‘carritos’ (los niños que hacen mandados de drogas o de armas) y terminan como matones profesionales. Hace tres meses, por ejemplo, a dos cuadras de la San Martín, un niño de 14 años recibió un disparo en la cerviz mientras cobraba los 400.000 pesos que le habían prometido por haber tenido puntería la noche anterior.
De esas muertes hablan con desenfreno Felipe y sus compañeros al descanso: “Viste que a mi abuelito le dio por coleccionar los casquillos de las balas –dijo Jackson antes de entrar a clase, con uno en la mano–, se está subiendo a la plancha (techo ) las mañanas a buscarlas”. Su abuelo vive una cuadra arriba. Los ‘Machacos’, uno de los combos más peligrosos de Medellín, son quienes controlan no sólo esa, sino las principales calles del barrio Castilla. Sus enemigos son los ‘Buche-pájaro’, dueños de la otra cuadra que rodea a la San Martín.

El costo por vivir allí es alto: las casas y los negocios deben pagar, cada semana, 2.000 y 20.000 pesos, respectivamente. Y desde hace cuatro meses tienen una nueva orden: dejar las puertas semiabiertas durante el día y parte de la noche para que los pillos puedan entrar y refugiarse en caso de un enfrentamiento o una persecución de la Policía.

En mes y medio, en Medellín han asesinado cinco estudiantes a la salida del colegio. Tres de ellos en dos instituciones vecinas del San Martín de Porres: el Liceo Kennedy y el Pedregal. Tres de los estudiantes asesinados eran menores de edad y, según los testigos, todos los gatilleros tienen menos de 18 años. “‘Maradona’ fue amiguito mío en segundo y para probar finura a los ‘Machacos’ mató a ‘Cindy’”, dijo Felipe al recordar que su vecino de 12 años de edad mató a otro de 14. El primer tiro le entró por el pecho. ‘Cindy’ logró caminar unos metros, pero ‘Maradonna’ le descargó otros tres hasta cuando lo vio derrumbarse al lado de la Virgen. La piel de ‘Maradonna’ se puso blanca apenas vio que la boca de su amiguito se llenaba de sangre. Comenzó a correr y a llorar como un niño. Había “probado finura” y se ganó la admiración de los otros del combo. Seis meses más tarde, un amigo de ‘Cindy’ vengó su muerte y asesinó a ‘Maradonna’ cerca de la escultura de René Higuita que hay en el barrio.

El ‘bullying’
Norah* lleva 30 años dictando matemáticas en la San Martín de Porres y conoce a sus estudiantes casi como si fueran sus hijos. Le gusta vestir yines y mantener el pelo cepillado. Dice que le da un aire de juventud que necesita cada vez que la mamá de un alumno le recuerda que también fue su profesora. Norah confiesa que el amor a los niños es el único motivo por el cual aún está en el San Martín, pero que desde este año comenzó a buscar un traslado: “Y no soy la única –dijo mientras señalaba con el dedo los escritorios de cuatro profesoras–, a nosotras nos ha tocado pasar por muchas guerras y nunca se han metido con la institución, pero esta vez los niños tienen la guerra metida en la cabeza. Eso es insostenible”.

Cualquier papel es una pistola, cualquier juego es un pretexto para insultar, cualquier discusión para golpearse y, lo más común ahora, si se tiene un familiar en un combo es suficiente para hostigar a los demás. Es lo que se conoce, por su término en inglés, como el bullying. En cada salón hay dos o tres niños que extorsionan a los demás. Suelen hacerlo con los 500 ó 1.000 pesos para el recreo. Al principio son puñetazos y patadas, pero luego se convierten en amenazas de muerte: “Mi hermano tiene un fierro y él sí te deja muñeco. Dame los 200”.

En febrero, el papá de una alumna de quinto, víctima del bullying llegó?con su hija hasta la escuela. Era la primera vez que la pisaba. Le dijo al vigilante que llamara a Norah, que necesitaba hacerle una advertencia: “Dígales a esas pelaítas que dejen a mi niña quieta. No saben con quién se están metiendo”. Más tarde, la profesora de educación física le contaría que ese padre es el jefe de una banda de sicarios.

Según las directivas de la escuela, cinco de cada 10 alumnos tienen un familiar involucrado en el conflicto. Esto sin contar con algunos niños de quinto que en las tardes, después de salir de clases, sirven como “carritos” a los combos de sus cuadras. Los profesores de quinto grado, como Norah, se han vuelto expertos en identificarlos: son los que si el compañerito no les da 200 pesos, lo amenazan con el hermano que tiene un revólver; o los que golpean a otros hasta sangrar y los obligan a quedarse callados; o los que manosean a sus compañeras en los baños e incluso en el salón; o los que siempre hablan de pistolas, calibres y drogas.

Se ha vuelto tan dramática la situación no sólo en la San Martín, sino en las demás instituciones de las comunas de Medellín, que los profesores han tenido que modificar sus dinámicas pedagógicas. Antes era común que al comenzar cada materia hablaran del tema visto la clase pasada; ahora los profesores han optado por repasar los muertos y las balaceras de la noche anterior. “Profe, mientras venía, vi un muñeco, ahí, en la cuadrita de mi casa”, “Profe, no pude hacer las tareas porque a mi hermanita le dio una ataque de nervios y no me dejó concentrar” o “Profe, déjeme ir más temprano que hoy me toca subirme solo para la casa”... son frases habituales en ‘Pipe’ o en sus compañeritos antes de comenzar las clases. Los profesores reconocen que la mayoría de las veces, son los alumnos los que más ayudan a hacer el recuento de la guerra del barrio.

La idea con esas dinámicas –dice una profesora de español– es que desde pequeños piensen en que esa realidad está acabando con todos. En que si sus papás se están matando o sus hermanos y sus primos se la pasan peleando, las cosas dentro de la San Martín tienen que ser diferentes. Es la batalla de la escuela versus la calle.

Pero los profesores tienen que cuidar las palabras que usan en ese ejercicio de repasar los muertos. Es como si se tratara de un examen oral permanente, con la diferencia de que cualquier error, cualquier mención a favor o en contra de una banda, de un líder o de un muerto, es motivo de amenaza. Según la Alcaldía, en lo que va de este año en Medellín han amenazado más de 42 instituciones educativas, 53 maestros, 11 coordinadores y siete rectores. La Secretaría de Educación realizó un diagnóstico en cada escuela, colegio y liceo para descubrir cuáles son los factores de riesgo que pueden inducir a las estudiantes a la violencia, y poder combatirlos. Hay desde estudios fotográficos en locales vecinos donde captan a las niñas para meterlas en el negocio de las prepago, hasta –como en la escuela de ‘Pipe’– tres casas de vicio alrededor de la institución. La idea es que de aquí a octubre ninguno de estos factores exista.

La guerra también ha cambiado los horarios. Los compañeros de Felipe que tienen dificultades en español y matemáticas, por ejemplo, no volvieron a beneficiarse de los refuerzos que Norah hacía en las tardes: “Los que se quedaron sin aprender, qué pesar, pero de malas... estas balaceras no dejan hacer nada”, dijo. Ningún profesor se queda más horas, caminar hasta las cafeterías que quedan alrededor de la escuela es asunto del pasado y, a la salida, para coger el taxi o el bus, prefieren caminar en grupo.

Incluso, ha habido ocasiones en las que las mamás de los estudiantes han modificado el horario. Hace tres meses la mamá de un niño de la San Martín con información privilegiada llegó más temprano a recogerlo. Cuando la profesora le preguntó por qué, ella le contestó: “Profe, los muchachos se van a dar bala ligerito, ligerito... yo de usted, mandaría a todos ya pa’ la casa”. Esa tarde los 500 alumnos de la escuela tuvieron sólo tres horas de clases, y dos horas de tiroteos.

No hay Policía para tanto colegio
Después de la Semana Santa las directivas de la San Martín de Porres estudiaron la posibilidad de suspender las clases por un semestre. El riesgo que corrían los niños a las horas de salida y entrada era demasiado alto. Al final optaron por pedir apoyo de la fuerza pública. Hoy una patrulla y una moto con dos policías cada una rodean mañana y tarde las cuatro esquinas. Fuera de ese perímetro nadie responde por los heridos o los muertos. Pero no hay Policía para tanto colegio.

El 28 de julio, mientras salían de su jornada, los estudiantes de la Institución Educativa Kennedy vieron cómo dos parrilleros en una moto disparaban a su compañero, Edison Andrés Rodas, de 17 años de edad. Los asesinos vestían el uniforme del colegio. Diez días antes, a pocos metros de la Institución Educativa José María Espinosa, en la misma comuna seis, tres encapuchados asesinaron a Alejandro Chica, de décimo grado. Y un día después, en el sector Santa Inés del barrio Manrique, sicarios dieron muerte a John Estiven Marulanda, de 17 años, que cursaba grado 11 en el colegio San Lorenzo de Aburrá. En agosto la muerte de estudiantes se ha extendido a otras comunas: hace una semana, en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13, otro menor de 17 años (su nombre no fue revelado a los medios) fue baleado a las 6:30 de la mañana en la puerta de la Institución Creadores del Futuro. Días antes, Juan Camilo Martínez, de 19 años, fue asesinado por desconocidos a la salida de su colegio, Rafael Antonio Caro, en el corregimiento San Antonio de Prado (norte de Medellín).

La semana pasada asesinaron a Héctor Pacheco, un líder juvenil de la comuna 13. Fue baleado a una cuadra del Colegio Eduardo Santos, que hoy tiene 200 estudiantes que se transportan en buses de la Alcaldía para no encontrarse en el camino con las tres bandas del barrio que están enfrentadas. Algo similar sucede con el Liceo Kennedy, a donde llega a estudiar el bachillerato el 90 por ciento de los niños que salen de quinto grado de la escuela de Felipe. Allí hay varios muchachos que, debido a las amenazas, no pueden salir de sus casas, y los profesores deben mandarles los talleres y las tareas vía correo electrónico para que no pierdan el año.? Los niños como ‘Pipe’, que hoy son víctimas del bullying o como algunos de sus compañeros que hoy no pasan el día sin haberse dado a los puños, mañana serán en el Kennedy los que intercambien pistolas en los descansos o encaleten la droga y las navajas en los baños.

Hay razones de sobra para que a los niños se les estén acabando las ganas de estudiar. Aunque nadie tiene el consolidado de cuántos alumnos han desertado por hechos relacionados con la violencia en Medellín, la directora de la San Martín dice que en los últimos cuatro meses 100 niños se han retirado porque sus papás han sido amenazados o asesinados, o porque ya no hay nadie que los lleve a la escuela o porque decidieron entrar a un combo. Y si se suman los alumnos de las otras escuelas y los colegios que conforman la Institución La Esperanza (a la cual pertenece San Martín), la cifra de desertores llega hasta 400 estudiantes.

Cada vez que Felipe se acuesta a dormir se come las uñas hasta sangrar. Lo hace sin falta desde cuando los muertos y las balaceras hacen parte de su rutina. Antes de cerrar los ojos piensa que, a lo mejor, esa noche será la última, que una bala atravesará la pared y luego su tórax y no podrá despertarse para desayunar con su mamá. Piensa que hombres armados lo sacarán de clase y lo obligarán a empuñar una pistola o a fumar un pucho de marihuana.

La semana pasada, mientras la mamá de Felipe le alistaba el uniforme en la mañana, le propuso que lo dejara quedarse con ella, que tenía el presentimiento de que algo malo iba a suceder. Mónica pensó un rato largo antes de contestarle. Le dijo que lo mejor era que se fuera a estudiar, que se aguantara este resto de año, mientras consigue otra escuela para entrarlo a quinto grado, que no hablara tantas bobadas y mejor se persignara: “Pipe, mijo, acuérdese que mi Diosito no le deja pasar nada”, le dijo mientras le arreglaba el cuello de la camisa. Felipe agachó la cabeza y salió de su casa. Salió pensando pesadillas y aburrido por tener que ir a estudiar.

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Mesa de DD. HH. y Convivencia

Mesa de DD. HH. evaluó los abusos policiales en la Comuna Seis

Con la presencia del Comandante de la Policía Nacional Mayor Herrera fueron evaluados los abusos policiales en la Comuna Seis de Medellín.

Principales abusos:

1. Retención indebida de los documentos de identificación.
2. Capturas colectivas y dejación en libertad de jóvenes en zonas de riesgo como la cancha La Maracana; o los dejan en libertad en horas de la madrugada.
3. Retención indebida de motocicletas.
4. Registro a niñas menores en el barrio María Auxiliadora.
5. Cubrimiento de la identificación con otras prendas.
6. Lesiones personales en retenes de policía.

El Comandante de la Policía Nacional pidió disculpas por los abusos que cometan sus hombres y manifestó que en ningún momento los abusos obedecen a una una directriz institucional. Manifestó que requiere más equipos técnicos que le permitan realizar la verificación de antecedentes en los mismos lugares en donde los ciudadanos son requeridos.

La Mesa pidió al Comandante de la Policía:

• Investigar los abusos policiales denunciados y presentar un informe a la Mesa.
• Impedir los abusos policiales con controles.
• No aplicar la llamada "conducción" que no es más que una captura arbitraria con el pretexto de indagar los antecedentes.
• No hacer entregas en la cancha La Maracana y no utilizar los nombres de las zonas para estigmatizarlos.
• Incluir mujeres policías para los registros de mujeres y evitar abusos.
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Redes mafiosas en el Valle de Aburrá

Por Juan Diego Restrepo E.*

OPINIÓNLa guerra en las calles de Medellín busca monopolizar las redes mafiosas que hoy carecen de un a figura de poder que las cohesione.

Miércoles 26 Agosto 2009

Se equivocan quienes creen que con imponer toques de queda barriales en determinadas comunas de Medellín van a erradicar el problema de la violencia que se ha agudizado este año no sólo en la capital antioqueña, sino en algunos municipios del Valle del Aburrá. Es un mecanismo superficial y en extremo focalizado que sólo contribuye a estigmatizar algunos barrios y a sus pobladores, pero que no enfrenta el foco del problema: las redes mafiosas.

Poco ganan las autoridades de una ciudad enviando a los menores de edad a sus casas a las seis de la tarde, cuando las operaciones financieras de la criminalidad continúan sin ningún obstáculo. Entender de esa manera la violencia y profundizar en sus características permite entender por qué la criminalidad en algunos municipios del Valle de Aburrá se ha disparado en los últimos meses. El asunto va más allá de simples disputas por apropiarse de una o dos plazas de venta de estupefacientes enclavadas en zonas rentables.

La guerra que se libra en las calles de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, entre otros municipios del Valle de Aburrá, tiene un objetivo concreto: alcanzar el monopolio de esas redes mafiosas, que están incrustadas en diversas actividades económicas de la región, tanto legales como ilegales, y que hoy carecen de una figura de poder que las cohesione plenamente.

El confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, ostentó por varios años ese monopolio a través de las estructuras en red integradas por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), delincuencia organizada y sectores estatales y empresariales. Pero desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en agosto de 2007, y su posterior extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, el Valle de Aburrá está sumido en una lucha de reconfiguración de poderes en la que predominan rupturas violentas y alianzas secretas entre sectores legales e ilegales que deja decenas de muertos.

Organizaciones como la llamada Oficina de Envigado, estructuras de origen paramilitar como la conformada por Diego Rendón Herrera, alias don Mario, grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse al dominio territorial de la manera que lo logró Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio, ni siquiera el Estado, que ha venido cediendo terreno en amplios sectores urbanos.

La violencia surge del esfuerzo por alcanzar el monopolio de la criminalidad, que obliga a las estructuras armadas ilegales a centrarse en cuatro tareas básicas: la demarcación de territorios utilizando para ello a las bandas locales, nutridas por jóvenes dispuestos a defenderlos hasta la muerte; la oferta de seguridad a sectores vulnerables de la población, en especial, comerciantes, transportadores, y vendedores de alcaloides; la apropiación de recursos no sólo para sostener el aparato militar, sino para propiciar su crecimiento; y la constitución de alianzas con sectores estatales que garanticen los respaldos necesarios para actuar sin ser perseguidos.

El cumplimiento de esas tareas propicia tanto el homicidio de un empresario que decidió cambiar de bando y financiar a otros; el de un joven estudiante que se niega a vincularse a una de las bandas de su barrio; el de un líder comunitario que constantemente denuncia el asedio de hombres armados en sus calles; el de un tendero de barrio que se quejó por el pago de las llamadas “vacunas”; o el de un ciudadano que no alcanzó a recoger unos pocos pesos para pagar la cuota del llamado “pagadiario”. Esos crímenes, que este año ya pasan de mil personas asesinadas este año, superando la totalidad de los ocurridos en el 2008, es sólo una expresión más violencia, pero no la única.

Quienes han estudiado el tema de las redes mafiosas han concluido que este tipo de estructuras tienen entre sus objetivos la penetración de negocios legítimos, a través de los cuales legalizan sus excedentes económicos logrados no sólo con el narcotráfico, sino en un conjunto de actividades ilícitas como el robo de carros, la compraventa de armas, el contrabando de textiles, electrodomésticos, joyas y perfumes, la explotación de casas de juego y de prostitución, y el blanqueo de divisas a través de refinadas operaciones financieras. Pero todo no es posible sin la asistencia legal, económica, de seguridad y hasta política de otros sectores de la sociedad, tanto del ámbito público como privado.

Es a ese entramado al que le debe apuntar cualquier política pública de seguridad no sólo en Medellín sino en el resto del departamento y del país. Pero el tema no parece interesarle a nadie; ni a los sectores sociales que, en el pasado estudiaron el tema de la violencia, y ahora no reaccionan académicamente, ni al propio Estado, que se ha empeñado en simplificar el problema.

Por eso insisto que frente al poder que tienen esas redes mafiosas, un simpe toque de queda barrial se convierte en una acción pueril. Tantos años de guerra urbana, tanta violencia en esta región del país por más de 20 años, y nadie, ni el sector gubernamental ni el no gubernamental y privado, parece que aprendió de las duras experiencias del pasado. Se están aplicando medidas tan superfluas e ingenuas que parecen pensadas por personas que tan sólo llevan unos pocos minutos en la ciudad y desconocen su historia.

* Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

Tomado de la Revista Semana