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¡No sea sapo!

Opinión Mi única sugerencia es que, como en Colombia hay tanta variedad de sapos, el gobierno haga una clasificación rigurosa para que la medida no se desmadre
Daniel Samper Ospina

Apuesto 100.000 pesos a que puedo demostrarle que Uribe es un dictador -me dijo, desafiante, un compañero de oficina.

- ¡Los apuesto! -exclamé sin amilanarme-: será lo que sea, pero el Presidente es un demócrata.

- ¿Sí? -me retó-. Quiere convertir a los estudiantes en informantes: ¿no es eso de pura dictadura?

Reconozco que no es un punto fácil de defender, y que parece una idea inventada por Pinochet o Fidel Castro. Pero no pienso perder mis 100.000 pesos. Y por eso aplaudo esta medida que tantos problemas le ha traído al Presidente, no sólo por las críticas que ha recibido, sino porque, desde que anunció que le pagaría una mensualidad a cada sapo, en su despacho se agolparon Armandito Benedetti, Héctor Elí Rojas y Sabas Pretelt, entre muchos otros, para reclamar su cheque. Alfredo Rangel exigía un bono de éxito. Rafael Nieto pedía que le pagaran en especie, que lo nombraran en alguna terna. Y Moreno de Caro llegó a Palacio dando brincos con las ancas todas sucias y dejó el piso todo embarrado.

No, señores: la medida no rige para el pasado. Es una medida futurista, que busca educar a las nuevas generaciones y que tiene la sana intención de formar niños que sean idénticos al 'Pincher' Arias: niños que sean sapos desde chiquitos. De lo contrario, si tuviéramos que pagarles a todos ustedes, el país se quebraría: habría que girarle también a la ex ministra de Comunicaciones, que de sapa propuso que transmitieran los consejos comunales por Internet; a César Mauricio Velásquez, que es tan sapo que lo mismo se reúne con obispos que con paramilitares; al mismo Presidente, que de sapo quería ir a Haití, y a Fabio Valencia, que fue.

Y no se trata de eso, ni mucho menos. La idea, simplemente, es formalizar al sapo juvenil. Al principio en las universidades de Medellín, luego en todas las academias, incluyendo la Academia Charlot, y ya al final en todas las órbitas de la sociedad. La meta es llenar todo esto de sapos. Que Samuel sapee a Iván Moreno. Que Jerónimo sapee a Tomás. Que en cada entidad estatal haya un sapo: ¿adivinen quién, que se eche gomina y coma harinas sin remordimientos, podría ser el sapo de la Comisión de Televisión; ¿y quién, que tenga un hermano preso al que le gusten las cuatrimotos, podría ser el sapo de los consejos de ministros?

Mi única sugerencia es que, como en Colombia hay tanta variedad de sapos, el gobierno haga una clasificación rigurosa para que la medida no se desmadre.

Existe un tipo de sapo que es el entrometido: el que anda en un gremio que no es el suyo. Pongo un ejemplo didáctico: José Gabriel en un asado en El Ubérrimo para la cúpula militar, en el que todos estaban vestidos como si fueran capataces. ¿Esa especie puede cobrar la recompensa? Yo pensaría que no. Y no sólo no podrá reclamar el dinero, sino que tendrá que presentar un programa de entrevistas como penitencia.

Avancemos con otros casos. Hay un tipo de batracio conocido científicamente como Juanluzanum batracae, que desde el huevo desarrolla un perfil aguileño bastante sorprendente, y que tiene un sistema motor basado en la adulación como método de avance. ¿Merece bono? No.

Existe, también, el sapo que acusa, o Procuradotur anfibiumm: un anfibio de sangre fría y papada abultada cuyo proceso larvario se da en el agua bendita, y que sólo persigue a las moscas muertas de la oposición: este tipo de sapo no merece reconocimiento económico.

Tampoco renacuajos como el ministro de Agricultura, que, a pesar de su aspecto desarrollado, es apenas un sapo en formación; ni cierto tipo de rana que vive en permanente estado de metamorfosis, se lanza cada tanto a la Presidencia, y siempre encuentra la manera de que el príncipe de turno le dé un beso y la convierta mágicamente en embajadora.

La medida rige solamente para los estudiantes, y así se lo expliqué a mi amigo, el de la apuesta. Pero no pareció convencerle.

- El gobierno de Uribe cambia la Constitución, chuza a los opositores, se toma todos los poderes, comete abusos en nombre de la seguridad… Y ahora quiere una sociedad de informantes: ¿qué es esto si no es una dictadura?

Entonces me iluminé. Como alguna vez dijo el escritor Luis Fernando Afanador, todos los dictadores dejan grandes obras de infraestructura: autopistas fabulosas, aeropuertos modernos, estadios gigantes. He ahí la prueba reina de que Uribe no es un dictador: en siete años de gobierno, el Presidente no ha dejado nada. Acá no hay una sola carretera que sea decente. Lo único que ha construido el Ministro de Transporte es un altar para la Virgen en su oficina, hay que decir que sin ayuda de los Nule: de lo contrario sólo habría una vela rota y dos ladrillos. Por lo demás, más hábil que el doctor Gallego es mi hija de 3 años, que a veces arma torres con fichas. Insto públicamente al ministro a que haga un concurso con ella. Estoy seguro de que mientras él se enreda en 10 licitaciones y trata de vincular a William Vélez, a Odinsa, a los hermanos Nule, mi hija hace la torre en dos minutos.

A mi amigo no lo convenció ese argumento. Ahora me está cobrando. Advierto que es un terrorista en ciernes. Informo a las autoridades que tengo sus datos. Lo entrego si me dan los 100.000 pesos de la recompensa. Me sirven para pagar una apuesta que estoy debiendo.n

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Alcalde de Medellín, fuera de control

Opinion On Line Alonso Salazar tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico, pero no a desconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.
Juan Diego Restrepo E. *

La situación de violencia en Medellín es muy grave y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, está pasando de la preocupación al desespero que lo lleva a cometer errores que desdicen de la dignidad del cargo que ocupa. Acusa a las autoridades judiciales por la ineficacia al afrontar las investigaciones contra los generadores de violencia; se va lanza en ristre contra aquellas comunidades que, día a día, padecen los efectos de un conflicto armado urbano que parece no tener fin; y se muestra contradictorio en rechazar la propuesta presidencial de integrar jóvenes estudiantes a la red de informantes del Ejército.

El Alcalde tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico con los diversos sectores estatales y sociales, pero no a desconocer garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1991. El pasado 19 de enero, en hechos que registró una cámara del informativo local Hora 13 Noticias, Salazar Jaramillo increpó en las calles del barrio Popular N° 1 a una joven embarazada que denunció atropellos cometidos por varios uniformados cerca del lugar donde se encontraba el mandatario local.

La mujer denunció que los agentes de Policía estaban aporreando a varios jóvenes, entre ellos a un hijo suyo, menor de edad. Incluso, ella misma había recibido algunos golpes en los pies. Versiones oficiales aseguraron que algunos pobladores habían evitado la captura de un muchacho y que por ello la Policía tuvo que actuar de esa manera. En lugar de calmarla y escucharla, el Alcalde le respondió airadamente: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo voy a poner la denuncia por asonada y terrorismo”. La autoridad civil de la ciudad se desdibujó y parecía un pendenciero de esquina enfrentado de igual a igual con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de las bandas y, ahora, la arbitrariedad oficial.

No contento con amenazar penalmente a la mujer, ante la cámara del noticiero aseveró que “no voy a dejar indefensa a la Policía, no la puedo dejar sola, ni voy a dejar que por cualquier populismo se diga que la Policía está violando los derechos humanos”. Ahora resulta que denunciar los atropellos de la fuerza pública “es populismo”. El Alcalde olvida que la mejor defensa de la Policía es garantizar que no incurra en actos de arbitrariedad que la igualen con la criminalidad y que, en lugar de inculpar a los denunciantes, su deber es escuchar las denuncias y promover su investigación.

Al asumir la inocencia a priori de la fuerza pública y presumir la mala fe de los denunciantes, Salazar termina por validar el uso arbitrario de la fuerza y reforzar la violencia que se quiere superar. Durante el último año muchos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía han tomando partido por uno u otro grupo armado ilegal en varias comunas y se han articulado a su accionar delictivo, pero no encuentran autoridades civiles receptivas. El Alcalde parece ignorar que un obstáculo que dificulta resolver esta conflictividad violenta es la pérdida de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad y la inexistencia de una fluida y respetuosa comunicación entre Alcalde y ciudadanos.

Una vez acabó la discusión con la joven embarazada, Salazar hizo otra afirmación que sorprende viniendo de alguien que se formó entre defensores de derechos humanos: “son personas, sobre todo familiares de los propios delincuentes de esta comunidad, que se quieren esconder en la bandera de derechos humanos para impedir la acción de las autoridades. No pueden hacerlo”.

¿Qué no pueden hacerlo? ¿De dónde saca semejante exabrupto jurídico? Al Alcalde se le olvidan las garantías constitucionales de las que gozan, incluso, los ciudadanos criminales. El Artículo 33 de la Carta Política establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

El actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) recogió ese principio constitucional y en los numerales (a) y (b) del artículo 8° consagró que una persona procesada tiene derecho a “no ser obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” y a “no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.

La concepción anti garantista expresada por Salazar coincide de manera preocupante con la forma de pensar del coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. En un artículo publicado en el periódico El Mundo (25 de enero de 2010), este oficial se quejó abiertamente del Sistema Penal Oral Acusatorio por cuanto, según él, no tenía en cuenta la realidad social colombiana, sino que estaba pensado para países como Suiza que tiene delincuentes ocasionales y agregó: “el Legislativo no contó con que en Medellín hay casi que una delincuencia genética y no se puede ser tan blando, ni ofrecer tantas garantías con quien comete un delito”.

El coronel Martínez debería saber que, en una democracia, la potestad punitiva del Estado tiene límites para no incurrir en nuevas injusticias y que las personas no nacen delincuentes. Sus palabras inquietan porque criminalizan la marginalidad, alientan la arbitrariedad y la represión, y niegan el régimen de garantías que soportan nuestra ya endeble democracia. Es oportuno advertir que de interpretar la criminalidad como un asunto genético a justificar atajos extralegales y medidas arbitrarias para resolver la compleja violencia urbana sólo hay un paso.

Otro síntoma de la impulsividad que parece evidenciar Salazar se reflejó en sus declaraciones sobre la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de incorporar a la red de informantes del Ejército a mil estudiantes de la ciudad. Minutos después de escucharse la idea del Jefe de Estado, el Alcalde de Medellín aseveró ante los medios que “si podemos apoyarla, me parece bien”.

Un día después, y ante la magnitud que alcanzó el debate, admitió que se había equivocado en su apreciación inicial: “tengo que reconocer que quizás en el momento y como ya estábamos en cierta premura, no miré ni dimensioné. No puedo decir que no nos consultó; si, efectivamente. Quizás no la digerimos suficientemente. No tengo problema en decir que no la pensé bien”.

Ante la peligrosa combinación de autoritarismo, soberbia, antigarantismo e impulsividad, es necesario anteponer un gran esfuerzo intelectual que movilice varios sectores sociales para diseñar estrategias creativas que empiecen por eliminar la corrupción de la institución policial y proteger a los jóvenes de la posibilidad de terminar atrapados en la espiral de la violencia con programas de seguridad alimentaria, educación de calidad y arte.

(*) Periodista y docente universitario.

PD: El video referido se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=e_zcnbDoca4

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Personería de Medellín sin delegado de ddhh

Personería de Medellín se quedó sin Delegado para los Derechos Humanos

MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 10:27 ADMINISTRADOR

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Oficialmente se conoció que el Personero de Medellín aceptó la renuncia de Jorge Ceballos.

Las contradicciones políticas y administrativas con el Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, llevaron a que el Personero Delegado para los Derechos Humanos, Jorge Ceballos, ratificara este lunes su renuncia, presentada desde el pasado 20 de agosto, y solicitara expresamente su aceptación.

Tales razones fueron expuestas este lunes durante una rueda de prensa ofrecida por Ceballos en la sede de la Unidad Permanentepara los Derechos Humanos (UPDH), donde estuvo rodeado de sus más inmediatos colaboradores, con quienes trabajó desde el 17 de enero de 2005, cuando se creó esta dependencia en convenio con la Secretaría de Gobierno de Medellín y adscrita a la Personería de Medellín.

Si bien en reciente entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Ceballos fue enfático al señalar que detrás de su renuncia “había intereses oscuros” de algunos sectores que no tenía identificados, la verdad es que durante el diálogo con los periodistas dejó claro que quien presionaba su salida era justamente su jefe, el Personero de Medellín.

El origen de las presiones lo tenía tan claro esta vez que cuando uno de los periodistas le preguntó si renunciaba al cargo porque sentía que ya no era un buen complemento del Personero de Medellín, su respuesta fue categórica: “Afírmelo así”.

Pese a las expresiones de apoyo provenientes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto locales, regionales como nacionales e internacionales, que solicitaron la no aceptación de la renuncia, Ceballos insistió en solicitarle al Personero de Medellín su aceptación, sustentando su decisión en la forma cómo se manejaron las relaciones entre la Personería y la Coordinación de la UPDH.

Y es que la situación entre ambos funcionarios se había fracturado desde el comienzo del segundo periodo de Jairo Herrán Vargas, justo cuando fue ratificado por el Concejo de Medellín para un segundo periodo a comienzos del 2008; además, las relaciones se habían agravado con el tiempo, al punto que, según Ceballos, la comunicación entre ellos estaba afectada en los últimos seis meses.

En sus explicaciones, el funcionario dimitente se refirió a esas diferencias como “contradicciones internas y administrativas con el señor Personero”, que se comenzaron a afectar cuando ambos fijaron posiciones contrarias sobre algunos temas sensibles para la ciudad.

Un ejemplo de esas diferencias lo representa la visión sobre la medida de toques de queda barriales, tomada por las autoridades locales en las últimas semanas. Ceballos considera que es una decisión excepcional que atenta contra varios derechos básicos de la ciudadanía y rechazó tajantemente la determinación; mientras que Herrán Vargas prefirió, antes de objetar la misma, abrir un compás de espera para evaluar sus resultados, principalmente en materia de protección a los derechos de la niñez.

Pero no sólo hay diferencias de enfoque sobre este tipo de temas. La distancia entre los dos funcionarios llevó a que el manejo de las políticas para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), el desplazamiento intraurbano y la infancia y adolescencia estuviera bajo el control del despacho del Personero de Medellín, cuando históricamente estaba bajo el control de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, que coordinaba Ceballos.

“Uno observa allí un desplazamiento sobre algunas funciones clásicas de la Unidad, eso se percibe, y percibo el mensaje que, aunque no es explícito, es implícito”, precisó el funcionario dimitente, y ante la pregunta de uno de los periodistas sobre si le pidieron la renuncia con mensajes subliminales, no vaciló en responder que sí y agregó: “según lo interpreté, él quería que yo me fuera”.

Otro de los aspectos que gravitó durante la charla con los periodistas fue el de los protagonismos políticos, asunto que ronda la decisión de Ceballos y, al parecer, la actitud del Personero de Medellín.

“A veces me duele ese asunto de los protagonismos”, afirmó Ceballos, consciente de que su tarea al frente de la coordinación de la UPDH durante los últimos cinco años y medio y la eficiencia de su grupo de trabajo convirtió esta dependencia en fundamental para la ciudad y el departamento, y es considerada una de las fuentes más confiables por organizaciones no gubernamentales extranjeras como la norteamericana Human Rights Watch.

Sin ninguna prevención al respecto, Ceballos admitió esa valoración y dijo, no sin antes aclarar que era una inmodestia, que “tengo que reconocer que la parte se volvió más importante que el todo”, en una cifrada alusión al conjunto de la Personería de Medellín, que constantemente se ve opacada por las labores de la UPDH.

En su carta de ratificación de la renuncia, Ceballos dejó claro que había cumplido un ciclo y afirmó que a través de su labor le supo responder a la ciudad, “como funcionario publico, defensor de los derechos y coordinador y animador de un equipo de trabajo que con inteligencia, convicción y esfuerzo se comprometió con una causa desde una dependencia en la que más que ocupar un empleo se adquiere un compromiso social”.

Ya de manera más informal, Ceballos expresó su preocupación por las contradicciones que suscita el trabajo de la UPDH y abogó para que no se cumpla el vaticinio de Human Rights Watch, que en diálogo con la Agencia de Prensa IPC manifestó el temor de que este tipo de problemas debilite el trabajo de defensa de los derechos humanos en Medellín, justo en el momento que más se necesita.

Tomado de www.ipc.org.co

¿La seguridad justifica todo?

Por

Jorge Mejia Martinez

Jorge.mejia@une.net.co

No sé qué pensar de lo siguiente: conocimos por uno de los canales de TV locales, que el señor Alcalde de Medellín se reunió el día 20 de agosto con miembros de las bandas o combos que actúan en la comuna 13, en un lugar del barrio Las Independencias. EL propósito era concretar un cese de hostilidades entre las organizaciones delincuenciales enfrentadas, a cambio de ayudas oficiales para los miembros involucrados a título de “inversión social”. La conminación por la no concreción del cese a la violencia, fue perentoria: ¡la autoridad ingresaría al sector con el ejército inclusive!

No he dejado de cavilar en el asunto. No recuerdo ningún alcalde de Medellín que en los últimos 20 años se haya reunido, personalmente, con miembros de los combos o bandas para concertar su desactivación. Sí lo han hecho las administraciones a través de consejeros o asesores de paz y convivencia. El resultado son múltiples pactos de no agresión o mesas barriales de buena voluntad, cuyos resultados pueden ser positivos en el momento, pero sin sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Los muchachos reciben unos recursos y atenciones por parte del Estado a nivel local, pero luego vuelven a reincidir o los que sí cumplen los acuerdos, rápidamente son reemplazados por otros que ingresan a la criminalidad. El círculo vicioso se alimenta y reproduce. El mensaje que se le da a la sociedad y, de manera particular, a los jóvenes no problema que son la inmensa mayoría, es que delinquir SÍ paga.

La ciudad está en mora de hacer una evaluación seria de las experiencias tenidas en este campo, particularmente la más reciente: El programa Jóvenes en alto riesgo, que implica una cuantiosa erogación para el Municipio que termina en los bolsillos de cerca de 1.200 muchachos y cuyo impacto no se siente – lo que ocurre hoy es la mejor muestra-. Ahora bien, no encuentro la justificación constitucional o legal para que la administración pública, a cualquier nivel, negocie con la delincuencia común –para hacer alguna distinción de la guerrilla o el paramilitarismo, con quienes sí hay herramientas jurídicas para concertar- en aras de su apaciguamiento sin someterse a la autoridad o a la justicia. Desde la gobernación de Antioquia, en el periodo anterior, siempre nos dimos contra la pared para encontrarle una salida jurídica a la posibilidad de desactivar las bandas y combos en municipios como Bello e Itaguí, desorientadas ante la desmovilización de los jefes paramilitares que actuaban como reguladores de su actividad. El gobierno nacional siempre nos respondió que no había camino jurídico para hacerlo. Pero, desde hace cerca de dos décadas las municipalidades de estas localidades, incluido Medellín -con la venia o no del gobierno nacional- han encontrado la argucia o el esguince para sentarse en la misma mesa con sectores delincuenciales a cambio de favorecimientos presupuestales.

Una semana después de la reunión del barrio las independencias del 20 de agosto, la ciudad conoció, desde otro lugar de la comuna 13, el plan operativo y social de las autoridades locales contra la inseguridad en Medellín. Se trata de una propuesta coherente, seria y bien pensada, digna del apoyo de toda la comunidad. Allí se enuncia que “se ampliarán los programas para jóvenes que elijan la legalidad”. Suena bien, pero ¿sí será justo con el resto de jóvenes que venciendo las tentaciones de ingresar a la delincuencia organizada, siguen esperando las esquivas oportunidades de la mano del Estado?

Otra incertidumbre: negociar con cada banda o combo de Medellín, parte del reconocimiento de que lo que ocurre en la ciudad es una confrontación o disputa por el control territorial y de actividades ilícitas, entre mini organizaciones delincuenciales que actúan como ruedas sueltas. Muchos piensan otra cosa: en Medellín existe una confrontación entre estructuras fuertes, centralizadas, con cobertura más allá de los barrios y las comunas, que tienen a su servicio a buena parte de las bandas y los combos, que deben “consultar” más arriba sus acciones. Es como si el gobierno nacional se pusiera a negociar con cada cuadrilla, frente o bloque de las Farc, a sabiendas que hay una estructura piramidal que parte desde el secretariado. Por lo menos, el desgaste es mucho mayor.

PD: Jorge Ceballos es un gran ciudadano y funcionario con importantes resultados, desde la dirección de derechos humanos de la Personería de Medellín. No hay motivo alguno para que su renuncia que sabemos no fue espontanea, sea aceptada. De ser así, pierde la administración pública, pierde la decencia de la política y perdemos todos.

Redes mafiosas en el Valle de Aburrá

Por Juan Diego Restrepo E.*

OPINIÓNLa guerra en las calles de Medellín busca monopolizar las redes mafiosas que hoy carecen de un a figura de poder que las cohesione.

Miércoles 26 Agosto 2009

Se equivocan quienes creen que con imponer toques de queda barriales en determinadas comunas de Medellín van a erradicar el problema de la violencia que se ha agudizado este año no sólo en la capital antioqueña, sino en algunos municipios del Valle del Aburrá. Es un mecanismo superficial y en extremo focalizado que sólo contribuye a estigmatizar algunos barrios y a sus pobladores, pero que no enfrenta el foco del problema: las redes mafiosas.

Poco ganan las autoridades de una ciudad enviando a los menores de edad a sus casas a las seis de la tarde, cuando las operaciones financieras de la criminalidad continúan sin ningún obstáculo. Entender de esa manera la violencia y profundizar en sus características permite entender por qué la criminalidad en algunos municipios del Valle de Aburrá se ha disparado en los últimos meses. El asunto va más allá de simples disputas por apropiarse de una o dos plazas de venta de estupefacientes enclavadas en zonas rentables.

La guerra que se libra en las calles de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, entre otros municipios del Valle de Aburrá, tiene un objetivo concreto: alcanzar el monopolio de esas redes mafiosas, que están incrustadas en diversas actividades económicas de la región, tanto legales como ilegales, y que hoy carecen de una figura de poder que las cohesione plenamente.

El confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, ostentó por varios años ese monopolio a través de las estructuras en red integradas por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), delincuencia organizada y sectores estatales y empresariales. Pero desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en agosto de 2007, y su posterior extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, el Valle de Aburrá está sumido en una lucha de reconfiguración de poderes en la que predominan rupturas violentas y alianzas secretas entre sectores legales e ilegales que deja decenas de muertos.

Organizaciones como la llamada Oficina de Envigado, estructuras de origen paramilitar como la conformada por Diego Rendón Herrera, alias don Mario, grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse al dominio territorial de la manera que lo logró Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio, ni siquiera el Estado, que ha venido cediendo terreno en amplios sectores urbanos.

La violencia surge del esfuerzo por alcanzar el monopolio de la criminalidad, que obliga a las estructuras armadas ilegales a centrarse en cuatro tareas básicas: la demarcación de territorios utilizando para ello a las bandas locales, nutridas por jóvenes dispuestos a defenderlos hasta la muerte; la oferta de seguridad a sectores vulnerables de la población, en especial, comerciantes, transportadores, y vendedores de alcaloides; la apropiación de recursos no sólo para sostener el aparato militar, sino para propiciar su crecimiento; y la constitución de alianzas con sectores estatales que garanticen los respaldos necesarios para actuar sin ser perseguidos.

El cumplimiento de esas tareas propicia tanto el homicidio de un empresario que decidió cambiar de bando y financiar a otros; el de un joven estudiante que se niega a vincularse a una de las bandas de su barrio; el de un líder comunitario que constantemente denuncia el asedio de hombres armados en sus calles; el de un tendero de barrio que se quejó por el pago de las llamadas “vacunas”; o el de un ciudadano que no alcanzó a recoger unos pocos pesos para pagar la cuota del llamado “pagadiario”. Esos crímenes, que este año ya pasan de mil personas asesinadas este año, superando la totalidad de los ocurridos en el 2008, es sólo una expresión más violencia, pero no la única.

Quienes han estudiado el tema de las redes mafiosas han concluido que este tipo de estructuras tienen entre sus objetivos la penetración de negocios legítimos, a través de los cuales legalizan sus excedentes económicos logrados no sólo con el narcotráfico, sino en un conjunto de actividades ilícitas como el robo de carros, la compraventa de armas, el contrabando de textiles, electrodomésticos, joyas y perfumes, la explotación de casas de juego y de prostitución, y el blanqueo de divisas a través de refinadas operaciones financieras. Pero todo no es posible sin la asistencia legal, económica, de seguridad y hasta política de otros sectores de la sociedad, tanto del ámbito público como privado.

Es a ese entramado al que le debe apuntar cualquier política pública de seguridad no sólo en Medellín sino en el resto del departamento y del país. Pero el tema no parece interesarle a nadie; ni a los sectores sociales que, en el pasado estudiaron el tema de la violencia, y ahora no reaccionan académicamente, ni al propio Estado, que se ha empeñado en simplificar el problema.

Por eso insisto que frente al poder que tienen esas redes mafiosas, un simpe toque de queda barrial se convierte en una acción pueril. Tantos años de guerra urbana, tanta violencia en esta región del país por más de 20 años, y nadie, ni el sector gubernamental ni el no gubernamental y privado, parece que aprendió de las duras experiencias del pasado. Se están aplicando medidas tan superfluas e ingenuas que parecen pensadas por personas que tan sólo llevan unos pocos minutos en la ciudad y desconocen su historia.

* Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

Tomado de la Revista Semana