martes, 16 de noviembre de 2010
martes, 2 de noviembre de 2010
La Mesa de DD. HH. en EAFIT
21 de octubre de 2010
Inseguridad en Medellín no es solo
por el narcotráfico
Inseguridad en Medellín no es solo
por el narcotráfico
• El programa RCN La Radio de la Noche estuvo presente en EAFIT a través del conversatorio ¿Cuál es la verdadera causa de la inseguridad en la ciudad de Medellín?
• Claudia Morales, María Elvira Samper y Rodrigo Pardo estuvieron acompañados de voceros de diferentes sectores que compartieron sus opiniones acerca de este tema.
Reforzar el análisis sobre la crisis de la justicia, atender el desplazamiento interno y externo, analizar el tema cultural para entender el comportamiento “mafioso”, hablar más de oportunidades y recuperar la confianza institucional fueron algunas conclusiones del conversatorio ¿Cuál es la verdadera causa de la inseguridad en la ciudad de Medellín?A estas premisas se llegó luego de dos intensas horas de discusión en un espacio académico que tuvo lugar en la Universidad EAFIT, y que convocó el programa RCN La Radio de la Noche, dirigido por Claudia Morales, y en el que participan María Elvira Samper y Rodrigo Pardo, ex directores de la revista Cambio.
La conversación, además de estudiantes y profesores, tuvo como invitados a Felipe Palau, secretario de Gobierno de Medellín y alcalde encargado; Jorge Ceballos, subsecretario de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno de Medellín; Carlos Arcila, miembro de la mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6; Martha Peña, directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC); y Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad EAFIT.
Como un ciclo calificó el Rector de EAFIT la situación de inseguridad de Medellín y, para ilustrar esta idea, citó las cifras de homicidio que mostraron logros importantes hasta 2008, pero que han aumentado en 2009 y 2010.
“Esta es una problema que rebasa a la ciudad y es una reflexión que hay que hacer en plural porque no hay una sola causa”, indicó el directivo.
En estas afirmaciones coincidió Felipe Palau, sin embargo fue enfático en que uno de los mayores agravantes es la persistencia de una red criminal con comportamiento mafioso y de una delincuencia organizada. Dicha red, arguyó, se vio reforzada cuando los cascos urbanos sufrieron un efecto indeseado, debido al programa de desmovilización dentro de la política de seguridad democrática.
“Aunque el porcentaje de desmovilizados que siguió reincidiendo fue muy poco, de todas maneras se concentró en una ciudad, y sumado al fenómeno de los grupos de guerrilla, que tenían también aquí sus retaguardias; más las otras causas estructurales de narcotráfico y delincuencia común, generaron un caldo de cultivo que hizo que el Gobierno Nacional tomara unas medidas como la extradición del 70 por ciento de la cúpula de los jefes paramilitares, lo que produce una ruptura en la red criminal que empieza a enfrentarse”, explicó.
Pero quizás uno de los argumentos esgrimidos por Palau que más llamó la atención fue que en Medellín no tiene asidero la disculpa de que por la pobreza y la exclusión se genera violencia, aunque reconoció que sí hay un problema de acceso a oportunidades.
Además, contó que en 2011 a la ciudad llegarán otros 40.000 desplazados, lo que podría impactar aún más en el conflicto.
miércoles, 27 de octubre de 2010
Alerta Temprana
Alerta temprana
La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Seis de Medellín alerta a las autoridades locales y nacionales en torno a potenciales hechos de violencia que se podrían presentar los días 27, 28, 29 y 30 de octubre en la Comuna Seis de Medellín.
En particular, esta alerta se hace con relación a los barrios Picacho y Aures de la Comuna Seis por la zozobra que están viviendo las comunidades toda vez que en el día de hoy, a eso de las tres de la mañana se presentaron enfrentamientos armados entre bandas que disputan territorios, y extorsiones.
La Mesa de Derechos Humanos reclama de las autoridades una garantía a los derechos a la tranquilidad y a la paz y espera no tener que deplorar la muerte de ninguna persona. Igualmente, la Mesa ALERTA a todos los promotores para prevenir y evitar una situación como la ocurrida el pasado 18 de septiembre en el barrio Kennedy Miramar.
Medellín, 27 de octubre de 2010 (3:49 p.m.).
martes, 26 de octubre de 2010
miércoles, 20 de octubre de 2010
Comuna Seis de Medellín
Desplazamiento forzado en la Comuna Seis
La Personería de Medellín en su informe semestral reportó 2336 personas desplazadas en la ciudad de Medellín en el primer semestre de 2010; y señaló el desplazamiento forzado intraurbano como un fenómeno creciente y preocupante debido al auge de organizaciones del narcotráfico.
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional acaba de poner en conocimiento de cómo 75 personas de 15 familias del barrio La Esperanza de la Comuna Seis de la ciudad tuvieron que abandonar sus casas por amenazas de bandas criminales como la de “Los Machacos”, según informó el periódico El Mundo el pasado 18 de octubre.
La Defensoría del Pueblo informó en septiembre 29 de este año sobre el grave riesgo de desplazamiento forzado que viven once de las 16 comunas de Medellín y tres de los cinco corregimientos de la misma ciudad (Ver Informe de riesgo 016-10 de la Defensoría del Pueblo).
La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis denunció ante las autoridades la grave situación de desplazamiento forzado que viven muchas familias que incluso arriesgan sus vidas quedándose en la Comuna Seis a pesar de estar intimidadas por grupos armados criminales. La Mesa denunció la alta incidencia de la extorsión a comerciantes, transporte y estudiantes en la situación de desplazamiento forzado.
La Mesa hace un llamado a las autoridades para que escuchen los informes de riesgo y no hagan caso omiso a las alertas, para que actúen preventivamente y no después de la tragedia, para que brinden tranquilidad e impidan que la delincuencia expulse a las familias de sus viviendas, de sus lugares de estudio y trabajo.
La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia reclama garantías para las personas que han sido desplazadas y para que se asegure su retorno sanos y salvos.
Medellín, 19 de octubre de 2010.
martes, 21 de septiembre de 2010
... y nos están matando
Mesa de derechos humanos y convivencia
Comuna Seis de Medellín
Cada ciudad puede ser otra
cuando el amor la transfigura
cada ciudad puede ser tantas
como amorosos la recorren
Mario Benedetti
Las cinco personas asesinadas en Robledo Miramar de la Comuna Seis de Medellín y las siete heridas con arma de fuego y desde un taxi en la madrugada del pasado 18 de septiembre cuando celebraban el día del amor y la amistad es un acto sin el menor escrúpulo y respeto por la vida, que recae sobre inocentes y que llena de pánico y dolor a la comunidad.
La Mesa de Derechos Humanos se solidariza con los familiares de las víctimas e invita a la ciudadanía a resaltar la vida de quienes inocentemente murieron y a resignificar la Comuna Seis como un territorio para vivir dignamente.
Convocamos a todas las personas para que el martes 21 de septiembre a las 6:00 p.m. nos acompañen en el infortunado lugar para que allí sembremos el árbol de la vida y levantemos pañuelos blancos y exijamos que no haya un muerto más en nuestra Comuna.
Medellín, 21 de septiembre de 2010
jueves, 1 de julio de 2010
Vivimos en una ciudad en donde asesinan bibliotecarios
Mesa de derechos humanos y convivencia
Comuna Seis de Medellín
Los homicidios, la extorsión, el desplazamiento urbano, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores, el tráfico de drogas, las amenazas, las desapariciones forzadas, las fronteras barriales, la deserción escolar no son una invención ni una ficción son realidades que caminan por la ciudad.
La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín se solidariza con la familia de William Álvarez, con Comfenalco y con los artistas y trabajadores de la cultura y demanda a las autoridades revisar las políticas de seguridad que tienen en riesgo a todos los habitantes de la ciudad.
La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Seis participará en la Cadena Humana convocada por las organizaciones culturales para rendirle homenaje al Director de la Biblioteca de Belén y convoca a todas los artistas y organizaciones sociales para que el 27 de julio nos unamos en una CADENA HUMANA POR LA VIDA Y EL NO A LAS ARMAS con el fin de exigir justicia y respeto a la vida de todas las personas.
Medellín (barrio Doce de Octubre), 1 de julio de 2010
lunes, 21 de junio de 2010
En Medellín sí está pasando algo
Mesa de derechos humanos y convivencia
Comuna Seis de Medellín
En Medellín sí está pasando algo
La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín lamenta y reprueba el atentado del que fue víctima el Presidente del Concejo de Medellín Dr. John Jaime Moncada Ospina y hace un llamado respetuoso a las autoridades para que reconozcan la grave situación de violencia que vive la ciudad.
Los homicidios, la extorsión, el desplazamiento urbano, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores, el tráfico de drogas, las amenazas, las desapariciones forzadas, las fronteras barriales, la deserción escolar no son una invención ni una ficción son realidades que caminan por la ciudad.
Esta grave situación que viven las comunidades afecta principalmente a los jóvenes de Medellín, pero se evidencia más cuando las víctimas son las autoridades como fue el caso del juez Diego Fernando Escobar Múnera (23/04/2010) o el atentado contra el Presidente del Concejo Moncada Ospina (26/06/2010).
La Mesa de Derechos Humanos llama la atención para que el Concejo de Medellín cumpla con su tarea de realizar el control político a la política de seguridad de la Administración Municipal y a las autoridades de Policía a fin de que se mejore la convivencia, la seguridad y la protección de los derechos humanos.
La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín se solidariza con el Concejo de Medellín como representante de la democracia local y convoca a todas las autoridades para que el 27 de julio nos unamos en una CADENA HUMANA POR LA VIDA Y EL NO A LAS ARMAS con el fin de exigir justicia y respeto a la vida de todas las personas.
Medellín (barrio Doce de Octubre), 28 de junio de 2010
lunes, 1 de febrero de 2010
domingo, 31 de enero de 2010
¡No sea sapo!
Opinión Mi única sugerencia es que, como en Colombia hay tanta variedad de sapos, el gobierno haga una clasificación rigurosa para que la medida no se desmadre Daniel Samper Ospina
Apuesto 100.000 pesos a que puedo demostrarle que Uribe es un dictador -me dijo, desafiante, un compañero de oficina.
- ¡Los apuesto! -exclamé sin amilanarme-: será lo que sea, pero el Presidente es un demócrata.
- ¿Sí? -me retó-. Quiere convertir a los estudiantes en informantes: ¿no es eso de pura dictadura?
Reconozco que no es un punto fácil de defender, y que parece una idea inventada por Pinochet o Fidel Castro. Pero no pienso perder mis 100.000 pesos. Y por eso aplaudo esta medida que tantos problemas le ha traído al Presidente, no sólo por las críticas que ha recibido, sino porque, desde que anunció que le pagaría una mensualidad a cada sapo, en su despacho se agolparon Armandito Benedetti, Héctor Elí Rojas y Sabas Pretelt, entre muchos otros, para reclamar su cheque. Alfredo Rangel exigía un bono de éxito. Rafael Nieto pedía que le pagaran en especie, que lo nombraran en alguna terna. Y Moreno de Caro llegó a Palacio dando brincos con las ancas todas sucias y dejó el piso todo embarrado.
No, señores: la medida no rige para el pasado. Es una medida futurista, que busca educar a las nuevas generaciones y que tiene la sana intención de formar niños que sean idénticos al 'Pincher' Arias: niños que sean sapos desde chiquitos. De lo contrario, si tuviéramos que pagarles a todos ustedes, el país se quebraría: habría que girarle también a la ex ministra de Comunicaciones, que de sapa propuso que transmitieran los consejos comunales por Internet; a César Mauricio Velásquez, que es tan sapo que lo mismo se reúne con obispos que con paramilitares; al mismo Presidente, que de sapo quería ir a Haití, y a Fabio Valencia, que fue.
Y no se trata de eso, ni mucho menos. La idea, simplemente, es formalizar al sapo juvenil. Al principio en las universidades de Medellín, luego en todas las academias, incluyendo la Academia Charlot, y ya al final en todas las órbitas de la sociedad. La meta es llenar todo esto de sapos. Que Samuel sapee a Iván Moreno. Que Jerónimo sapee a Tomás. Que en cada entidad estatal haya un sapo: ¿adivinen quién, que se eche gomina y coma harinas sin remordimientos, podría ser el sapo de la Comisión de Televisión; ¿y quién, que tenga un hermano preso al que le gusten las cuatrimotos, podría ser el sapo de los consejos de ministros?
Mi única sugerencia es que, como en Colombia hay tanta variedad de sapos, el gobierno haga una clasificación rigurosa para que la medida no se desmadre.
Existe un tipo de sapo que es el entrometido: el que anda en un gremio que no es el suyo. Pongo un ejemplo didáctico: José Gabriel en un asado en El Ubérrimo para la cúpula militar, en el que todos estaban vestidos como si fueran capataces. ¿Esa especie puede cobrar la recompensa? Yo pensaría que no. Y no sólo no podrá reclamar el dinero, sino que tendrá que presentar un programa de entrevistas como penitencia.
Avancemos con otros casos. Hay un tipo de batracio conocido científicamente como Juanluzanum batracae, que desde el huevo desarrolla un perfil aguileño bastante sorprendente, y que tiene un sistema motor basado en la adulación como método de avance. ¿Merece bono? No.
Existe, también, el sapo que acusa, o Procuradotur anfibiumm: un anfibio de sangre fría y papada abultada cuyo proceso larvario se da en el agua bendita, y que sólo persigue a las moscas muertas de la oposición: este tipo de sapo no merece reconocimiento económico.
Tampoco renacuajos como el ministro de Agricultura, que, a pesar de su aspecto desarrollado, es apenas un sapo en formación; ni cierto tipo de rana que vive en permanente estado de metamorfosis, se lanza cada tanto a la Presidencia, y siempre encuentra la manera de que el príncipe de turno le dé un beso y la convierta mágicamente en embajadora.
La medida rige solamente para los estudiantes, y así se lo expliqué a mi amigo, el de la apuesta. Pero no pareció convencerle.
- El gobierno de Uribe cambia la Constitución, chuza a los opositores, se toma todos los poderes, comete abusos en nombre de la seguridad… Y ahora quiere una sociedad de informantes: ¿qué es esto si no es una dictadura?
Entonces me iluminé. Como alguna vez dijo el escritor Luis Fernando Afanador, todos los dictadores dejan grandes obras de infraestructura: autopistas fabulosas, aeropuertos modernos, estadios gigantes. He ahí la prueba reina de que Uribe no es un dictador: en siete años de gobierno, el Presidente no ha dejado nada. Acá no hay una sola carretera que sea decente. Lo único que ha construido el Ministro de Transporte es un altar para la Virgen en su oficina, hay que decir que sin ayuda de los Nule: de lo contrario sólo habría una vela rota y dos ladrillos. Por lo demás, más hábil que el doctor Gallego es mi hija de 3 años, que a veces arma torres con fichas. Insto públicamente al ministro a que haga un concurso con ella. Estoy seguro de que mientras él se enreda en 10 licitaciones y trata de vincular a William Vélez, a Odinsa, a los hermanos Nule, mi hija hace la torre en dos minutos.
A mi amigo no lo convenció ese argumento. Ahora me está cobrando. Advierto que es un terrorista en ciernes. Informo a las autoridades que tengo sus datos. Lo entrego si me dan los 100.000 pesos de la recompensa. Me sirven para pagar una apuesta que estoy debiendo.n
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Nacional | 30 Enero 2010 - 9:00pm
Despachando en la comuna
Por: Juan David Montoya / Especial para El Espectador | Elespectador.com
La capital antioqueña enfrenta una nueva crisis de seguridad, pero la solución a la violencia generada por las desigualdades sociales no parecen ser las redes de informantes de la “seguridad democrática”.
“Si te ponés de ‘sapo’ te picamos”, les advirtieron dos muchachos a quienes poco les importó que a unos cuantos metros se encontrara el mismísimo Alcalde de la ciudad y su batallón de escoltas.
Fernando* cuenta que era la primera vez que los veía por su barrio, pero por sus palabras dedujo que ellos ya sabían quién era él. No aparentaban más de 15 años. Le dijeron que venían del Magdalena Medio y como vieron que se mantenía firme en su decisión de llegar hasta el Alcalde, lo tomaron por el cuello y lo golpearon. “Ahí fue cuando un escolta vio lo que estaba pasando y el Alcalde también. Uno de ellos le decía al Alcalde: ‘Usted a mí no me azara’”, cuenta este joven de veintitantos años mientras imitaba los gestos amenazantes de sus agresores.
Esta es una de las escenas que presenció esta semana el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a su paso por las calles de Manrique, hasta donde trasladó su despacho para ponerle el pecho a la ola de violencia que envuelve al sector nororiental de la ciudad. En lo que va de enero, Medellín ha registrado 42 homicidios más que en el mismo período del año pasado, cuando a su vez se dio un incremento del 108% en esta materia, comparado con 2008.
La ciudad aún desconoce la decisión del Ministerio de Defensa de mantener indefinidamente un contingente de la Fuerza Aérea patrullando desde el aire, pero ya en el cielo ruge el sonido que produce el motor del helicóptero que vuela rasante.
Hoy por hoy, estas calles estrechas de la Comuna 3 de Medellín son templos de los combos criminales que en gran medida están integrados, según los más diversos informes, por menores de edad. Más de 100 han sido capturados durante este mes por delitos graves. Transcurre la segunda jornada en la que Salazar ha recorrido estas calles laberínticas, que serpentean montaña abajo, que se achican y se agrandan de repente, de menos de dos metros de ancho, por las que por supuesto no caben los carros, pero sí las balas.
En El Hoyo
Desde lo alto de la colina, un policía de civil se dispone a emprender la búsqueda del Alcalde. Empieza a bajar las escaleras que llevan al centro del caserío amorfo, pero se vuelve un instante. Saca su pistola, la carga y deja ver una mueca de intranquilidad. Los uniformados que patrullan la zona saben bien que la banda de este barrio de Manrique, El Hoyo, es una de las que más zozobra ha causado en el sector.
Montaña abajo el policía se encuentra con algunos de sus compañeros. Es evidente que entre el oliva de sus uniformes se siente más seguro. Con sus botas impecables, con sus armas pulcrísimas, con sus equipamientos millonarios, los policías brillan en medio de los ranchos. “¿Han visto al Alcalde?”, pregunta. Después de unos instantes, perdido en medio de las callecitas sin sentido, dobla en la esquina otro policía de civil con un arma larguísima, y brillante también. “Suba que allá está”, le indican. No es un combate, pero se siente la angustia de tener que responder por la vida de Salazar y sus acompañantes, entre los que se cuenta al comandante de la Policía de Medellín, coronel Luis Eduardo Martínez.
“Vamos, vamos”, dice otro de los uniformados, como preparando la retirada. Una policía de alto rango lo para en seco: “¡No! ¡A esta gente toca sacarla ya de aquí!”. Por una ventana ya sin cortinas se puede ver cómo algunos adolescentes mueven cosas de un lado a otro. Igual que la historia de Fernando. Pasa el Alcalde, alguien decide denunciar y en cuestión de minutos, a salir familia para no volver la mirada atrás.
Frente al desplazamiento intraurbano, el más reciente informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín señala: “Entre enero y octubre 31 de 2009, en la Personería se registraron 546 declaraciones que corresponden a 2.103 personas, cifra que se ha superado dramáticamente en comparación con las estadísticas de años anteriores”.
De repente, a unos cuantos metros de la morada que está a punto de quedar en soledad, Salazar sale de un recoveco. Quienes cuestionan el papel que cumplió durante su gestión en cabeza de la Secretaría de Gobierno, cuando estuvo al frente del proceso del criticado proceso de reinserción paramilitar, olvidan quizá que este hombre de vestir casual es uno de los expertos que mejor ha entendido la lógica con la que funciona la guerra en Medellín.
Estas líneas bien podrían quedar en manos de él. Aún hoy, 20 años después de que publicara su más famosa obra sobre los jóvenes que se mataban sin razón en estas mismas calles, sus escritos de periodista pueden leerse como una acertada visión de la tragedia que continúa desangrando a estos barrios populares. “Vivimos en una ciudad en guerra. Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas son los jóvenes. Ellos son los que matan y mueren. Ejecutantes de un libreto escrito por otras manos e inspirado en el sentido trágico que sigue marcando nuestra historia”.
Para muchos, estas palabras escritas en 1990 en su libro No nacimos pa’ semilla, no sólo fueron retrato sino también profecía. Desde la cornisa de una plancha —que es como aquí se conocen a las terrazas de las casas populares—, Salazar dialoga con sus comandantes. A lo lejos vuelan las cabinas del metrocable y se levanta imponente la Biblioteca España. Fueron incontables los que dudaron que la paz fuera a llegar a Medellín a vuelo de metrocable. Lo único cierto en estos momentos es que difícilmente podría llevarse hasta allí una vez más al Rey de España.
Antes de que Salazar pueda abordar su camioneta, tres muchachos le salen al paso. Uno de ellos, de gorra blanca y ojos rojos, le cuenta sus preocupaciones. Según él, otro pelado del barrio se enamoró de él. Salazar sabe que esta no es una historia de amor. Si usted busca en el glosario de No nacimos pa’ semilla, uno de los primeros que se hizo sobre el parlache, encontrará a qué se refiere el joven. “Enamorado: Persona que quiere matarlo a uno”, se puede leer en la página 216.
El Alcalde se muestra interesado en su historia. El joven cuenta que su madre tuvo que salir huyendo del barrio, que él prefirió quedarse, que estos y aquellos andan armados, que apenas tiene 14 años, que lo señalan de ‘sapo’, que los policías del Goes son bastante abusivos con ellos.
Las caras de asombro no se hacen esperar y un uniformado de alto rango, de boina verde, le responde que cómo es eso, “si el otro día usted hasta nos guió por allí”. Pocas horas han pasado desde que el presidente Uribe propusiera vincular a los estudiantes de la ciudad como informantes de la Fuerza Pública. Inicialmente se creyó que esta idea cobijaría a los menores de edad, que los vincularía al conflicto. Al menos desde este punto de Medellín, el conflicto está por doquier y no respeta edades.
Otro grupo de pelados, menores de edad, por supuesto, le sale al encuentro pero ya es tarde. Las camionetas aguardan y el Alcalde promete volver. “Como no nos dejan bajar a trabajar nos toca quedarnos aquí. Por eso es que el pueblo está cansado y nos estamos armando”, explica uno de ellos.
Cuando hablan de bajar, uno recuerda que Medellín son dos ciudades. Aquí, en Manrique, la palabra territorio no tiene el mismo significado que allá abajo, donde las calles son amplias y un poco menos empinadas. En los peores años de la ciudad, el escritor Fernando Vallejo escribió: “En Manrique es donde se acaba Medellín y donde empiezan las comunas o viceversa. Es como quien dice la puerta del infierno, aunque no se sepa si es de entrada o de salida, si el infierno es el que está p’allá o el que está p’acá, subiendo o bajando. Subiendo o bajando, de todos modos la Muerte, mi comadre, anda por esas faldas entregada a su trabajo sin ponerle mala cara a nadie”.
El mundo de incontables jóvenes empieza y termina en los pliegues de estas montañas. La otra, pareciera, es una ciudad desconocida. “Ustedes que se van y esto que se prende”, alcanza a sentenciar uno de los jóvenes antes de que se marche la comitiva oficial.
El termómetro
Después de 54 años de vivir en Manrique, Lucía*, de 54 años, tuvo que dejar a la deriva su rancho por culpa de las amenazas. Tiene cuatro hijos, todos menores de 18 años. Ella fue una de las muchas que se engancharon al alcalde Salazar cuando éste pasaba por el frente de su casa.
Las pocas cosas que Lucía tenía en su vivienda, ubicada entre los barrios El Hoyo y El Hueco, están a punto de emprender el viaje, montaña abajo, en un camión que le facilitó la Alcaldía de Medellín. Todos sus corotos se pueden ver arrumados desde la puerta de la estación de Policía donde a esta hora el Alcalde sostiene una reunión con los altos mandos militares y representantes del Ministerio de Defensa. Escoltada, con una lágrima y sin tener un destino claro, Lucía sale de su barrio, quizá para no volver jamás.
Según Salazar, al menos medio centenar de personas se han animado a denunciar a quienes están generando la ola de violencia y desplazamientos en el sector, en parte motivados por su presencia en la zona. Aunque es evidente la forma en la que la ciudadanía se ha movilizado para denunciar hechos delictivos, El Espectador conoció de intimidaciones y amenazas que algunos hombres les hicieron a líderes comunitarios de la Comuna 1 que tuvieron contacto con el alcalde Salazar durante la semana anterior.
Antes de despachar desde Manrique, el Alcalde lo hizo desde la Comuna 1. Esta es una zona que por sus inversiones públicas de alto impacto, como el primer metrocable que se construyó en la ciudad, y por ser sede de la más vistosa biblioteca se había convertido en la joya de la administración local. Desde hace por lo menos un año la situación de seguridad en esta zona se ha visto seriamente afectada. Pero no sólo la de esta parte de la ciudad. En otro aparte de su informe anual, la Personería de Medellín señala: “Las acciones de violencia criminal que se han venido realizando en Medellín afectan gravemente la vida cotidiana de la población, limitando sus actividades, produciendo el desplazamiento intraurbano, vinculando a los niños y las niñas a los grupos ilegales desde temprana edad, estableciendo límites entre barrios cuyo desconocimiento provoca la muerte, instaurando ilícitos toques de queda”.
Las inversiones en Manrique, uno de los barrios más tradicionales, tampoco han sido pocas. Este será el primer barrio popular que se conecta con el resto de la ciudad por medio del sistema de transporte masivo Metroplus, el Transmilenio paisa. Las obras están casi acabadas y es entonces cuando los analistas vuelven a las preguntas de siempre: ¿por qué continúa la violencia en Medellín? Definitivamente, ¿no nacimos pa’ semilla?
Algunas de las respuestas apuntan a un reordenamiento de mandos criminales, a una estrategia para controlar expendios de droga, al paramilitarismo que nunca dejó las armas, a una alianza permanente entre miembros de la Fuerza Pública con sectores ilegales, a un enfrentamiento entre alias Sebastián y Valenciano. Después de recibir un importante impulso en el pie de fuerza armado, el Alcalde señala de forma contundente a la falta de judicialización, a la impunidad que ha reinado en la ciudad desde mucho antes de que empezara a caminar estas calles que hoy gobierna.
Hay también quienes culpan de la situación a la actual administración, mientras otros ven más allá. La Corporación Convivamos, que hace presencia en la zona, dice: “El verdadero problema es ocasionado por la gran desigualdad y la mala distribución de la riqueza que se da en la ciudad”.
Se buscan fórmulas para Medellín. En la misma carta dirigida a la opinión pública, la ONG Convivamos entrega una: “Plantear a todos los sectores, especialmente al empresarial, un compromiso por la redistribución de la riqueza que permita los mínimos vitales —empleo, vivienda, educación salud, protección social y servicios públicos domiciliarios— de los más empobrecidos y excluidos de la ciudad (…) en donde cada habitante de un sector periférico de la ciudad sienta desde la práctica que en verdad delinquir no paga”.
Mientras Salazar continúa reunido con los más altos mandos militares, Fernando se encuentra recostado a una pared de la estación de Policía de la Comuna 3. Entre tanto, su familia, a unas cuantas cuadras, empaca a las volandas las cosas de la casa. Es hora de partir.
Un nutrido grupo de policías y algunos hombres que visten la camiseta de la oficina de espacio público se preparan para ir por el trasteo. Posiblemente ni Fernando ni nadie tenga la respuesta exacta que explique lo que pasa. “Yo he vivido toda mi vida en Medellín —es su comentario— y no había visto nunca algo así”.
Detractores y seguidores confían en que el hombre que tiene las agallas para entrar en los barrios más violentos de Medellín, sea periodista o primera autoridad de la ciudad, tenga las respuestas que desde hace tantos años ha venido buscando.
Cifras contradictorias
Aunque las autoridades coinciden en el aumento de los homicidios en Medellín, no se ponen de acuerdo en las cifras. Mientras Medicina Legal dice que en 2009 hubo 2.178 homicidios, lo cual representa un aumento del 108% frente a los 1.044 casos de 2008, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional registra que se pasó de 871 homicidios en 2008 a 1.432 el año pasado, lo que significa un aumento del 64%, y los archivos de la Presidencia de la República dicen lo siguiente en boca del presidente Uribe: “Cuando empezó nuestro Gobierno (2002), Medellín tenía, el Área Metropolitana, cerca de 5 mil asesinatos al año. Trabajando con todo el entusiasmo y la dedicación logramos reducir a alrededor de 900 en el año 2007. El año pasado se presentó un recrudecimiento en el Área Metropolitana con 1.857 casos de asesinatos y este año a la fecha llevamos 31 casos más que el año pasado. Y viene algo que es muy angustiante: el 60% de los 1.857 casos de asesinato del año pasado tuvieron como víctimas a personas menores de 30 años”. Al cierre de esta semana se reportó hacinamiento de cadáveres en la morgue de la capital antioqueña, producto de casos de violencia. La evidencia se impone a las cifras.
La mano de Washington
Según las Memorias presentadas al Congreso Nacional en 2008 por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos Calderón, detrás de la política y formación de las redes de informantes está el gobierno de los Estados Unidos. Reportó que “entre el 16 y el 27 de abril de 2007 se realizó por parte del personal de asesores de la Embajada de los Estados Unidos el seminario en manejo de informantes, evento al cual asistieron 02 Oficiales, 06 Suboficiales y 02 civiles; personal perteneciente a la Jefatura de Inteligencia Naval, permitiéndose con este tipo de actividades el permanente reentrenamiento del personal de inteligencia, actualizando, fortaleciendo y complementando las tácticas empleadas contra la amenaza interna”.
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Alcalde de Medellín, fuera de control
Opinion On Line Alonso Salazar tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico, pero no a desconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.Juan Diego Restrepo E. *
La situación de violencia en Medellín es muy grave y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, está pasando de la preocupación al desespero que lo lleva a cometer errores que desdicen de la dignidad del cargo que ocupa. Acusa a las autoridades judiciales por la ineficacia al afrontar las investigaciones contra los generadores de violencia; se va lanza en ristre contra aquellas comunidades que, día a día, padecen los efectos de un conflicto armado urbano que parece no tener fin; y se muestra contradictorio en rechazar la propuesta presidencial de integrar jóvenes estudiantes a la red de informantes del Ejército.
El Alcalde tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico con los diversos sectores estatales y sociales, pero no a desconocer garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1991. El pasado 19 de enero, en hechos que registró una cámara del informativo local Hora 13 Noticias, Salazar Jaramillo increpó en las calles del barrio Popular N° 1 a una joven embarazada que denunció atropellos cometidos por varios uniformados cerca del lugar donde se encontraba el mandatario local.
La mujer denunció que los agentes de Policía estaban aporreando a varios jóvenes, entre ellos a un hijo suyo, menor de edad. Incluso, ella misma había recibido algunos golpes en los pies. Versiones oficiales aseguraron que algunos pobladores habían evitado la captura de un muchacho y que por ello la Policía tuvo que actuar de esa manera. En lugar de calmarla y escucharla, el Alcalde le respondió airadamente: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo voy a poner la denuncia por asonada y terrorismo”. La autoridad civil de la ciudad se desdibujó y parecía un pendenciero de esquina enfrentado de igual a igual con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de las bandas y, ahora, la arbitrariedad oficial.
No contento con amenazar penalmente a la mujer, ante la cámara del noticiero aseveró que “no voy a dejar indefensa a la Policía, no la puedo dejar sola, ni voy a dejar que por cualquier populismo se diga que la Policía está violando los derechos humanos”. Ahora resulta que denunciar los atropellos de la fuerza pública “es populismo”. El Alcalde olvida que la mejor defensa de la Policía es garantizar que no incurra en actos de arbitrariedad que la igualen con la criminalidad y que, en lugar de inculpar a los denunciantes, su deber es escuchar las denuncias y promover su investigación.
Al asumir la inocencia a priori de la fuerza pública y presumir la mala fe de los denunciantes, Salazar termina por validar el uso arbitrario de la fuerza y reforzar la violencia que se quiere superar. Durante el último año muchos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía han tomando partido por uno u otro grupo armado ilegal en varias comunas y se han articulado a su accionar delictivo, pero no encuentran autoridades civiles receptivas. El Alcalde parece ignorar que un obstáculo que dificulta resolver esta conflictividad violenta es la pérdida de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad y la inexistencia de una fluida y respetuosa comunicación entre Alcalde y ciudadanos.
Una vez acabó la discusión con la joven embarazada, Salazar hizo otra afirmación que sorprende viniendo de alguien que se formó entre defensores de derechos humanos: “son personas, sobre todo familiares de los propios delincuentes de esta comunidad, que se quieren esconder en la bandera de derechos humanos para impedir la acción de las autoridades. No pueden hacerlo”.
¿Qué no pueden hacerlo? ¿De dónde saca semejante exabrupto jurídico? Al Alcalde se le olvidan las garantías constitucionales de las que gozan, incluso, los ciudadanos criminales. El Artículo 33 de la Carta Política establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
El actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) recogió ese principio constitucional y en los numerales (a) y (b) del artículo 8° consagró que una persona procesada tiene derecho a “no ser obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” y a “no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.
La concepción anti garantista expresada por Salazar coincide de manera preocupante con la forma de pensar del coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. En un artículo publicado en el periódico El Mundo (25 de enero de 2010), este oficial se quejó abiertamente del Sistema Penal Oral Acusatorio por cuanto, según él, no tenía en cuenta la realidad social colombiana, sino que estaba pensado para países como Suiza que tiene delincuentes ocasionales y agregó: “el Legislativo no contó con que en Medellín hay casi que una delincuencia genética y no se puede ser tan blando, ni ofrecer tantas garantías con quien comete un delito”.
El coronel Martínez debería saber que, en una democracia, la potestad punitiva del Estado tiene límites para no incurrir en nuevas injusticias y que las personas no nacen delincuentes. Sus palabras inquietan porque criminalizan la marginalidad, alientan la arbitrariedad y la represión, y niegan el régimen de garantías que soportan nuestra ya endeble democracia. Es oportuno advertir que de interpretar la criminalidad como un asunto genético a justificar atajos extralegales y medidas arbitrarias para resolver la compleja violencia urbana sólo hay un paso.
Otro síntoma de la impulsividad que parece evidenciar Salazar se reflejó en sus declaraciones sobre la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de incorporar a la red de informantes del Ejército a mil estudiantes de la ciudad. Minutos después de escucharse la idea del Jefe de Estado, el Alcalde de Medellín aseveró ante los medios que “si podemos apoyarla, me parece bien”.
Un día después, y ante la magnitud que alcanzó el debate, admitió que se había equivocado en su apreciación inicial: “tengo que reconocer que quizás en el momento y como ya estábamos en cierta premura, no miré ni dimensioné. No puedo decir que no nos consultó; si, efectivamente. Quizás no la digerimos suficientemente. No tengo problema en decir que no la pensé bien”.
Ante la peligrosa combinación de autoritarismo, soberbia, antigarantismo e impulsividad, es necesario anteponer un gran esfuerzo intelectual que movilice varios sectores sociales para diseñar estrategias creativas que empiecen por eliminar la corrupción de la institución policial y proteger a los jóvenes de la posibilidad de terminar atrapados en la espiral de la violencia con programas de seguridad alimentaria, educación de calidad y arte.
(*) Periodista y docente universitario.
PD: El video referido se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=e_zcnbDoca4
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