Mesa de DD. HH. y Convivencia condena ataques contra los jóvenes

Comunicado a la Opinión Pública

El joven estudiante de Décimo Grado del Colegio Pedregal, Juan Esteban Nanclares, de 17 años, fue herido en una balacera que se desarrolló por grupos armados en las cercanías de la institución educativa.

La Mesa de DD. HH. y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín lamenta y reprueba todos los hechos de violencia y hace un llamado para que se tomen medidas eficaces de protección a la juventud.

De igual manera rechazamos los homicidios que se presentaron en las fronteras de los barrios París con el Picachito donde la delincuncia sigue haciendo de las suyas sin respetar la humanidad de ninguna persona.

La movilización ciudadana, el rechazo de todos y todas ante estos hechos debe ser un grito de esperanza y vida.

Que todas las voces se hagan escuchar para que no se repitan estos hechos contra la vida y la dignidad.

Entre fierros y cuadernos

Entre fierros y cuadernos

Nación Felipe Londoño tiene 10 años, estudia en el barrio más violento de Medellín y varios de sus compañeros ya se han matado a tiros. Aunque es el mejor de la clase, ha decidido no estudiar más.
Mauricio Builes

Si no fuera por la algarabía en las horas de descanso, los vecinos pensarían que es una escuela abandonada. Su fachada está rodeada de una maleza que esconde un parque inservible: quien juegue está expuesto a un balazo. Pareciera que la orden en la escuela San Martín de Porres fuera ¡Prohibido jugar!

Tras la entrada hay un portero flaco encargado de la puerta, de tocar la campana, de anotar los nombres de los visitantes y de reportar por un radioteléfono muertos, riñas, atracos, balaceras o suicidios. Llegó este año a la escuela, luego de que la Alcaldía de Medellín contrató una empresa de seguridad para que cuide las 416 instituciones públicas de la ciudad. Pero ya le han tocado reportes de sangre. Después de las vacaciones, una niña de tercero recibió un impacto de bala en una pierna. Otra de sus compañeritas dos meses atrás no pudo entrar a clase porque justo en la entrada se prendió un tiroteo y una bala le rozó un brazo. Y hace un mes, un alumno de quinto se subió hasta el borde del muro y amenazó con saltar si no le levantaban una sanción por indisciplina. Al final, una profesora lo convenció de que se bajara y tuvieron que cambiarlo de escuela. El niño era compañero de Felipe Londoño, el protagonista de esta historia y quien la semana pasada, cansado de esquivar balaceras, le confesó a su mamá que no quería estudiar más.

El barrio
‘Pipe’, como lo conocen en su barrio, tiene 10 años, juega fútbol y es aficionado a Michael Jackson. Vive en una casa en forma de triángulo con su mamá, el padrastro y una hermanita. Su papá está desaparecido desde hace dos años. Por estos días su único entretenimiento es ver videos del artista en youtube y tratar de imitarlo. No puede hacer más. Las canchas de fútbol del 12 de Octubre son plazas de vicio y si se atreve a jugar en la acera de su casa, corre el riesgo de que lo alcance un tiro. El ¡Prohibido jugar! de su escuela se ha extendido a los 10 barrios de la comuna más violenta de Medellín. Según la Policía Metropolitana, este año han asesinado a 150 personas, 200 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

Para Felipe, dejar su casa es como salir de una trinchera a un campo de batalla de casitas de ladrillo, escaleras laberínticas, paredes baleadas y motos de alto cilindraje. De lunes a viernes su misión es llegar sano y salvo hasta la escuela, a 10 cuadras. Antes lo acompañaba Mónica, su mamá, pero desde comienzos de 2009 el miedo la obligó a encerrarse. Ahora Felipe se va con una vecina que también tiene a su hijo en la San Martín.

Hasta el momento han logrado llegar sin un rasguño, pero en los últimos meses les ha tocado ver mujeres histéricas, persecuciones entre policías y matones, hombres ensangrentados y compañeritos heridos. No hay horario. Esa es la gran diferencia con la guerra de hace siete años, cuando las bandas y los combos tenían que pedir permiso a un patrón para matar a alguien o para cobrar una vacuna; cuando la jerarquía era respetada y hasta las horas de combate eran acordadas. Ahora no. A la comuna seis, por ejemplo, se la disputan 32 combos de casi 1.000 muchachos. Todos van tras los 4.000 millones de pesos que al mes dejan las plazas de vicio; las vacunas a los buses, tiendas y residencias; las tragamonedas, y la prostitución.

Pero, en medio de esos números fáciles de olvidar, hay una cifra que los periódicos suelen escribir con negrilla: el 70 por ciento de esos jóvenes son menores. Comienzan a la edad de Felipe como ‘carritos’ (los niños que hacen mandados de drogas o de armas) y terminan como matones profesionales. Hace tres meses, por ejemplo, a dos cuadras de la San Martín, un niño de 14 años recibió un disparo en la cerviz mientras cobraba los 400.000 pesos que le habían prometido por haber tenido puntería la noche anterior.
De esas muertes hablan con desenfreno Felipe y sus compañeros al descanso: “Viste que a mi abuelito le dio por coleccionar los casquillos de las balas –dijo Jackson antes de entrar a clase, con uno en la mano–, se está subiendo a la plancha (techo ) las mañanas a buscarlas”. Su abuelo vive una cuadra arriba. Los ‘Machacos’, uno de los combos más peligrosos de Medellín, son quienes controlan no sólo esa, sino las principales calles del barrio Castilla. Sus enemigos son los ‘Buche-pájaro’, dueños de la otra cuadra que rodea a la San Martín.

El costo por vivir allí es alto: las casas y los negocios deben pagar, cada semana, 2.000 y 20.000 pesos, respectivamente. Y desde hace cuatro meses tienen una nueva orden: dejar las puertas semiabiertas durante el día y parte de la noche para que los pillos puedan entrar y refugiarse en caso de un enfrentamiento o una persecución de la Policía.

En mes y medio, en Medellín han asesinado cinco estudiantes a la salida del colegio. Tres de ellos en dos instituciones vecinas del San Martín de Porres: el Liceo Kennedy y el Pedregal. Tres de los estudiantes asesinados eran menores de edad y, según los testigos, todos los gatilleros tienen menos de 18 años. “‘Maradona’ fue amiguito mío en segundo y para probar finura a los ‘Machacos’ mató a ‘Cindy’”, dijo Felipe al recordar que su vecino de 12 años de edad mató a otro de 14. El primer tiro le entró por el pecho. ‘Cindy’ logró caminar unos metros, pero ‘Maradonna’ le descargó otros tres hasta cuando lo vio derrumbarse al lado de la Virgen. La piel de ‘Maradonna’ se puso blanca apenas vio que la boca de su amiguito se llenaba de sangre. Comenzó a correr y a llorar como un niño. Había “probado finura” y se ganó la admiración de los otros del combo. Seis meses más tarde, un amigo de ‘Cindy’ vengó su muerte y asesinó a ‘Maradonna’ cerca de la escultura de René Higuita que hay en el barrio.

El ‘bullying’
Norah* lleva 30 años dictando matemáticas en la San Martín de Porres y conoce a sus estudiantes casi como si fueran sus hijos. Le gusta vestir yines y mantener el pelo cepillado. Dice que le da un aire de juventud que necesita cada vez que la mamá de un alumno le recuerda que también fue su profesora. Norah confiesa que el amor a los niños es el único motivo por el cual aún está en el San Martín, pero que desde este año comenzó a buscar un traslado: “Y no soy la única –dijo mientras señalaba con el dedo los escritorios de cuatro profesoras–, a nosotras nos ha tocado pasar por muchas guerras y nunca se han metido con la institución, pero esta vez los niños tienen la guerra metida en la cabeza. Eso es insostenible”.

Cualquier papel es una pistola, cualquier juego es un pretexto para insultar, cualquier discusión para golpearse y, lo más común ahora, si se tiene un familiar en un combo es suficiente para hostigar a los demás. Es lo que se conoce, por su término en inglés, como el bullying. En cada salón hay dos o tres niños que extorsionan a los demás. Suelen hacerlo con los 500 ó 1.000 pesos para el recreo. Al principio son puñetazos y patadas, pero luego se convierten en amenazas de muerte: “Mi hermano tiene un fierro y él sí te deja muñeco. Dame los 200”.

En febrero, el papá de una alumna de quinto, víctima del bullying llegó?con su hija hasta la escuela. Era la primera vez que la pisaba. Le dijo al vigilante que llamara a Norah, que necesitaba hacerle una advertencia: “Dígales a esas pelaítas que dejen a mi niña quieta. No saben con quién se están metiendo”. Más tarde, la profesora de educación física le contaría que ese padre es el jefe de una banda de sicarios.

Según las directivas de la escuela, cinco de cada 10 alumnos tienen un familiar involucrado en el conflicto. Esto sin contar con algunos niños de quinto que en las tardes, después de salir de clases, sirven como “carritos” a los combos de sus cuadras. Los profesores de quinto grado, como Norah, se han vuelto expertos en identificarlos: son los que si el compañerito no les da 200 pesos, lo amenazan con el hermano que tiene un revólver; o los que golpean a otros hasta sangrar y los obligan a quedarse callados; o los que manosean a sus compañeras en los baños e incluso en el salón; o los que siempre hablan de pistolas, calibres y drogas.

Se ha vuelto tan dramática la situación no sólo en la San Martín, sino en las demás instituciones de las comunas de Medellín, que los profesores han tenido que modificar sus dinámicas pedagógicas. Antes era común que al comenzar cada materia hablaran del tema visto la clase pasada; ahora los profesores han optado por repasar los muertos y las balaceras de la noche anterior. “Profe, mientras venía, vi un muñeco, ahí, en la cuadrita de mi casa”, “Profe, no pude hacer las tareas porque a mi hermanita le dio una ataque de nervios y no me dejó concentrar” o “Profe, déjeme ir más temprano que hoy me toca subirme solo para la casa”... son frases habituales en ‘Pipe’ o en sus compañeritos antes de comenzar las clases. Los profesores reconocen que la mayoría de las veces, son los alumnos los que más ayudan a hacer el recuento de la guerra del barrio.

La idea con esas dinámicas –dice una profesora de español– es que desde pequeños piensen en que esa realidad está acabando con todos. En que si sus papás se están matando o sus hermanos y sus primos se la pasan peleando, las cosas dentro de la San Martín tienen que ser diferentes. Es la batalla de la escuela versus la calle.

Pero los profesores tienen que cuidar las palabras que usan en ese ejercicio de repasar los muertos. Es como si se tratara de un examen oral permanente, con la diferencia de que cualquier error, cualquier mención a favor o en contra de una banda, de un líder o de un muerto, es motivo de amenaza. Según la Alcaldía, en lo que va de este año en Medellín han amenazado más de 42 instituciones educativas, 53 maestros, 11 coordinadores y siete rectores. La Secretaría de Educación realizó un diagnóstico en cada escuela, colegio y liceo para descubrir cuáles son los factores de riesgo que pueden inducir a las estudiantes a la violencia, y poder combatirlos. Hay desde estudios fotográficos en locales vecinos donde captan a las niñas para meterlas en el negocio de las prepago, hasta –como en la escuela de ‘Pipe’– tres casas de vicio alrededor de la institución. La idea es que de aquí a octubre ninguno de estos factores exista.

La guerra también ha cambiado los horarios. Los compañeros de Felipe que tienen dificultades en español y matemáticas, por ejemplo, no volvieron a beneficiarse de los refuerzos que Norah hacía en las tardes: “Los que se quedaron sin aprender, qué pesar, pero de malas... estas balaceras no dejan hacer nada”, dijo. Ningún profesor se queda más horas, caminar hasta las cafeterías que quedan alrededor de la escuela es asunto del pasado y, a la salida, para coger el taxi o el bus, prefieren caminar en grupo.

Incluso, ha habido ocasiones en las que las mamás de los estudiantes han modificado el horario. Hace tres meses la mamá de un niño de la San Martín con información privilegiada llegó más temprano a recogerlo. Cuando la profesora le preguntó por qué, ella le contestó: “Profe, los muchachos se van a dar bala ligerito, ligerito... yo de usted, mandaría a todos ya pa’ la casa”. Esa tarde los 500 alumnos de la escuela tuvieron sólo tres horas de clases, y dos horas de tiroteos.

No hay Policía para tanto colegio
Después de la Semana Santa las directivas de la San Martín de Porres estudiaron la posibilidad de suspender las clases por un semestre. El riesgo que corrían los niños a las horas de salida y entrada era demasiado alto. Al final optaron por pedir apoyo de la fuerza pública. Hoy una patrulla y una moto con dos policías cada una rodean mañana y tarde las cuatro esquinas. Fuera de ese perímetro nadie responde por los heridos o los muertos. Pero no hay Policía para tanto colegio.

El 28 de julio, mientras salían de su jornada, los estudiantes de la Institución Educativa Kennedy vieron cómo dos parrilleros en una moto disparaban a su compañero, Edison Andrés Rodas, de 17 años de edad. Los asesinos vestían el uniforme del colegio. Diez días antes, a pocos metros de la Institución Educativa José María Espinosa, en la misma comuna seis, tres encapuchados asesinaron a Alejandro Chica, de décimo grado. Y un día después, en el sector Santa Inés del barrio Manrique, sicarios dieron muerte a John Estiven Marulanda, de 17 años, que cursaba grado 11 en el colegio San Lorenzo de Aburrá. En agosto la muerte de estudiantes se ha extendido a otras comunas: hace una semana, en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13, otro menor de 17 años (su nombre no fue revelado a los medios) fue baleado a las 6:30 de la mañana en la puerta de la Institución Creadores del Futuro. Días antes, Juan Camilo Martínez, de 19 años, fue asesinado por desconocidos a la salida de su colegio, Rafael Antonio Caro, en el corregimiento San Antonio de Prado (norte de Medellín).

La semana pasada asesinaron a Héctor Pacheco, un líder juvenil de la comuna 13. Fue baleado a una cuadra del Colegio Eduardo Santos, que hoy tiene 200 estudiantes que se transportan en buses de la Alcaldía para no encontrarse en el camino con las tres bandas del barrio que están enfrentadas. Algo similar sucede con el Liceo Kennedy, a donde llega a estudiar el bachillerato el 90 por ciento de los niños que salen de quinto grado de la escuela de Felipe. Allí hay varios muchachos que, debido a las amenazas, no pueden salir de sus casas, y los profesores deben mandarles los talleres y las tareas vía correo electrónico para que no pierdan el año.? Los niños como ‘Pipe’, que hoy son víctimas del bullying o como algunos de sus compañeros que hoy no pasan el día sin haberse dado a los puños, mañana serán en el Kennedy los que intercambien pistolas en los descansos o encaleten la droga y las navajas en los baños.

Hay razones de sobra para que a los niños se les estén acabando las ganas de estudiar. Aunque nadie tiene el consolidado de cuántos alumnos han desertado por hechos relacionados con la violencia en Medellín, la directora de la San Martín dice que en los últimos cuatro meses 100 niños se han retirado porque sus papás han sido amenazados o asesinados, o porque ya no hay nadie que los lleve a la escuela o porque decidieron entrar a un combo. Y si se suman los alumnos de las otras escuelas y los colegios que conforman la Institución La Esperanza (a la cual pertenece San Martín), la cifra de desertores llega hasta 400 estudiantes.

Cada vez que Felipe se acuesta a dormir se come las uñas hasta sangrar. Lo hace sin falta desde cuando los muertos y las balaceras hacen parte de su rutina. Antes de cerrar los ojos piensa que, a lo mejor, esa noche será la última, que una bala atravesará la pared y luego su tórax y no podrá despertarse para desayunar con su mamá. Piensa que hombres armados lo sacarán de clase y lo obligarán a empuñar una pistola o a fumar un pucho de marihuana.

La semana pasada, mientras la mamá de Felipe le alistaba el uniforme en la mañana, le propuso que lo dejara quedarse con ella, que tenía el presentimiento de que algo malo iba a suceder. Mónica pensó un rato largo antes de contestarle. Le dijo que lo mejor era que se fuera a estudiar, que se aguantara este resto de año, mientras consigue otra escuela para entrarlo a quinto grado, que no hablara tantas bobadas y mejor se persignara: “Pipe, mijo, acuérdese que mi Diosito no le deja pasar nada”, le dijo mientras le arreglaba el cuello de la camisa. Felipe agachó la cabeza y salió de su casa. Salió pensando pesadillas y aburrido por tener que ir a estudiar.

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Mesa de DD. HH. y Convivencia

Mesa de DD. HH. evaluó los abusos policiales en la Comuna Seis

Con la presencia del Comandante de la Policía Nacional Mayor Herrera fueron evaluados los abusos policiales en la Comuna Seis de Medellín.

Principales abusos:

1. Retención indebida de los documentos de identificación.
2. Capturas colectivas y dejación en libertad de jóvenes en zonas de riesgo como la cancha La Maracana; o los dejan en libertad en horas de la madrugada.
3. Retención indebida de motocicletas.
4. Registro a niñas menores en el barrio María Auxiliadora.
5. Cubrimiento de la identificación con otras prendas.
6. Lesiones personales en retenes de policía.

El Comandante de la Policía Nacional pidió disculpas por los abusos que cometan sus hombres y manifestó que en ningún momento los abusos obedecen a una una directriz institucional. Manifestó que requiere más equipos técnicos que le permitan realizar la verificación de antecedentes en los mismos lugares en donde los ciudadanos son requeridos.

La Mesa pidió al Comandante de la Policía:

• Investigar los abusos policiales denunciados y presentar un informe a la Mesa.
• Impedir los abusos policiales con controles.
• No aplicar la llamada "conducción" que no es más que una captura arbitraria con el pretexto de indagar los antecedentes.
• No hacer entregas en la cancha La Maracana y no utilizar los nombres de las zonas para estigmatizarlos.
• Incluir mujeres policías para los registros de mujeres y evitar abusos.
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Redes mafiosas en el Valle de Aburrá

Por Juan Diego Restrepo E.*

OPINIÓNLa guerra en las calles de Medellín busca monopolizar las redes mafiosas que hoy carecen de un a figura de poder que las cohesione.

Miércoles 26 Agosto 2009

Se equivocan quienes creen que con imponer toques de queda barriales en determinadas comunas de Medellín van a erradicar el problema de la violencia que se ha agudizado este año no sólo en la capital antioqueña, sino en algunos municipios del Valle del Aburrá. Es un mecanismo superficial y en extremo focalizado que sólo contribuye a estigmatizar algunos barrios y a sus pobladores, pero que no enfrenta el foco del problema: las redes mafiosas.

Poco ganan las autoridades de una ciudad enviando a los menores de edad a sus casas a las seis de la tarde, cuando las operaciones financieras de la criminalidad continúan sin ningún obstáculo. Entender de esa manera la violencia y profundizar en sus características permite entender por qué la criminalidad en algunos municipios del Valle de Aburrá se ha disparado en los últimos meses. El asunto va más allá de simples disputas por apropiarse de una o dos plazas de venta de estupefacientes enclavadas en zonas rentables.

La guerra que se libra en las calles de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, entre otros municipios del Valle de Aburrá, tiene un objetivo concreto: alcanzar el monopolio de esas redes mafiosas, que están incrustadas en diversas actividades económicas de la región, tanto legales como ilegales, y que hoy carecen de una figura de poder que las cohesione plenamente.

El confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, ostentó por varios años ese monopolio a través de las estructuras en red integradas por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), delincuencia organizada y sectores estatales y empresariales. Pero desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en agosto de 2007, y su posterior extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, el Valle de Aburrá está sumido en una lucha de reconfiguración de poderes en la que predominan rupturas violentas y alianzas secretas entre sectores legales e ilegales que deja decenas de muertos.

Organizaciones como la llamada Oficina de Envigado, estructuras de origen paramilitar como la conformada por Diego Rendón Herrera, alias don Mario, grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse al dominio territorial de la manera que lo logró Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio, ni siquiera el Estado, que ha venido cediendo terreno en amplios sectores urbanos.

La violencia surge del esfuerzo por alcanzar el monopolio de la criminalidad, que obliga a las estructuras armadas ilegales a centrarse en cuatro tareas básicas: la demarcación de territorios utilizando para ello a las bandas locales, nutridas por jóvenes dispuestos a defenderlos hasta la muerte; la oferta de seguridad a sectores vulnerables de la población, en especial, comerciantes, transportadores, y vendedores de alcaloides; la apropiación de recursos no sólo para sostener el aparato militar, sino para propiciar su crecimiento; y la constitución de alianzas con sectores estatales que garanticen los respaldos necesarios para actuar sin ser perseguidos.

El cumplimiento de esas tareas propicia tanto el homicidio de un empresario que decidió cambiar de bando y financiar a otros; el de un joven estudiante que se niega a vincularse a una de las bandas de su barrio; el de un líder comunitario que constantemente denuncia el asedio de hombres armados en sus calles; el de un tendero de barrio que se quejó por el pago de las llamadas “vacunas”; o el de un ciudadano que no alcanzó a recoger unos pocos pesos para pagar la cuota del llamado “pagadiario”. Esos crímenes, que este año ya pasan de mil personas asesinadas este año, superando la totalidad de los ocurridos en el 2008, es sólo una expresión más violencia, pero no la única.

Quienes han estudiado el tema de las redes mafiosas han concluido que este tipo de estructuras tienen entre sus objetivos la penetración de negocios legítimos, a través de los cuales legalizan sus excedentes económicos logrados no sólo con el narcotráfico, sino en un conjunto de actividades ilícitas como el robo de carros, la compraventa de armas, el contrabando de textiles, electrodomésticos, joyas y perfumes, la explotación de casas de juego y de prostitución, y el blanqueo de divisas a través de refinadas operaciones financieras. Pero todo no es posible sin la asistencia legal, económica, de seguridad y hasta política de otros sectores de la sociedad, tanto del ámbito público como privado.

Es a ese entramado al que le debe apuntar cualquier política pública de seguridad no sólo en Medellín sino en el resto del departamento y del país. Pero el tema no parece interesarle a nadie; ni a los sectores sociales que, en el pasado estudiaron el tema de la violencia, y ahora no reaccionan académicamente, ni al propio Estado, que se ha empeñado en simplificar el problema.

Por eso insisto que frente al poder que tienen esas redes mafiosas, un simpe toque de queda barrial se convierte en una acción pueril. Tantos años de guerra urbana, tanta violencia en esta región del país por más de 20 años, y nadie, ni el sector gubernamental ni el no gubernamental y privado, parece que aprendió de las duras experiencias del pasado. Se están aplicando medidas tan superfluas e ingenuas que parecen pensadas por personas que tan sólo llevan unos pocos minutos en la ciudad y desconocen su historia.

* Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

Tomado de la Revista Semana

Medellín, la octava ciudad más violenta del mundo

Juárez, la ciudad más violenta del mundo

26 Agosto, 2009 - 17:01

FUENTE:

AFP

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Por sus 130 homicidios por cada 100,000 habitantes, Ciudad Juárez es la urbe más violenta del mundo, seguida de Caracas y de Nueva Orleans, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP).

"En 2008, Ciudad Juárez tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por cada100,000 habitantes, mientras que Caracas, Venezuela, ocupó el segundo puesto mundial con 96 homicidios y Nueva Orleans (Luisiana, sur), el tercero con 95", indicó el estudio del CCSP.

El documento añade que de mantenerse la tendencia de muertes violentas observada entre el 1 de enero y el 21 de agosto de 2009 en Ciudad Juárez, "entonces se habrán cometido en la localidad 2,293 homicidios" sobre una base de 1.4 millones de habitantes.

Según recuentos del CCSP, al 21 de agosto se habían cometido 1,362 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, escenario de una pugna entre los carteles de Sinaloa y de Juárez por el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos y la venta local al menudeo.

En el cuarto lugar como ciudad más violenta del mundo figura la mexicana Tijuana, que en 2008 registró, según el CCSP, "73 homicidios dolosos por cada 100,000".

Las fuentes para establecer el número de asesinatos en el caso de Ciudad Juárez y Tijuana son reportes de prensa, lo mismo que para Caracas, mientras que en el caso de Nueva Orleans las cifras corresponden a un reporte criminal del FBI, explicó el CCSP.

Las más violentas

1. Ciudad Juárez
2. Caracas
3. Nueva Orleans
4. Tijuana
5. Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
6. Port Moresby (Papua Nueva Guinea)
7. San Salvador
8. Medellín/ Baltimore
9. Bagdad

III Taller Metodológico

III Taller Metodológico

CONCLUSIONES

Mesa de DD. HH. y Convivencia

Comuna Seis de Medellín

La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis realizó el 25 de agosto de 2009 el III Taller Metodológico con el objetivo general de definir y mejorar las reglas y procedimientos para su funcionamiento, representación, vocería, membrecía y toma de decisiones.

La Mesa trabajó con el marco teórico de la democracia deliberativa y llegó a una definición de la Mesa de DD. HH. y convivencia como:

La Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la Comuna Seis es:

Un proceso de democracia deliberativa y de participación ciudadana impulsado por organizaciones sociales dentro del plan de desarrollo de la Comuna Seis de Medellín. Este proceso cuenta con el apoyo de instituciones públicas.

La Mesa igualmente deliberó sobre la membrecía y definió sus participantes en tres modalidades:

a. Miembros: Aquellas personas naturales o jurídicas que participan de manera continúa en las deliberaciones de la Mesa. Se llega a ser miembro con cuatro asistencias continúas.

Los miembros tienen voz y voto para la toma de decisiones.

La calidad de miembro se pierde por la ausencia injustificada a dos o más sesiones ordinarias de la Mesa.

b. Asistentes: Son todas las personas que concurren a la Mesa de DD. HH. y Convivencia aceptando sus reglas y procedimientos.

Tienen voz y pueden llegar a ser miembros.

c. Invitados: Son todos los asistentes que han sido convocados por la Mesa para que presencien y participen en las deliberaciones.

La Mesa de DD. HH. y Convivencia igualmente avanza en la formulación de pautas que mejoren la coordinación, el respeto al uso de la palabra y el respeto a las personas.

Escepticismo en la Comuna Seis por toque de queda

Escepticismo en la comuna 6 por toque de queda a menores

LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2009 10:04 ADMINISTRADOR

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El toque de queda que comenzará a regir este viernes 21 de agosto se extenderá indefinidamente.

“Esto del toque de queda para los menores de edad es como un doble castigo para ellos. Por un lado, las bandas armadas los amenazan, no los dejan reunirse en los barrios, no los dejan ir tranquilos a los colegios. Por otro, llega el Estado, que debería protegerlos, y lo que hace es encerrarlos”.

La reflexión es de Giovani Villa, líder del barrio Doce de Octubre, quien aún no se convence de la eficacia que tendrá la medida adoptada por la Alcaldía de Medellín de restringir la presencia y circulación de menores de edad, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, tanto en las calles de este barrio como en Castilla, ambos de la comuna 6 de Medellín.

Proteger la vida de los jóvenes de esta comuna toda vez que este grupo poblacional es el que, en mayor número, está siendo asesinado y además, registra una alta participación en la comisión de homicidios, fueron los argumentos entregados por Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de la ciudad, para justificar la determinación. Pero estos parecen no calar entre los líderes barriales, comerciantes y organizaciones no gubernamentales de la zona.

Dicen los escépticos que uno de los posibles efectos de la medida es que los enfrentamientos y las muertes violentas se comentan en otros horarios y en otros barrios de la misma comuna. “De seguro afectará el índice de homicidios, pero la pregunta es si la medida cortará el flujo de muchachos hacia las bandas”, señaló Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad.

Hay voces más fuertes que afirman que la medida es improvisada y discriminatoria. “El aumento de muertes violentas se da en toda la ciudad y sólo se va a aplicar en la comuna 6. Eso es discriminatorio. Pero lo que deja en evidencia esta medida es que la Alcaldía no cuenta con una política criminal, o si no, ¿qué se va hacer para controlar el tráfico de armas, los expendios de droga?, por ejemplo”, expresó el abogado Rafael Rincón, miembro dela Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6.

Pero lo que más le duele a Giovani es que con la medida se le da la razón a los violentos. “Ellos con su violencia se apoderaron de las calles, de los espacios públicos, mandaron a la gente a dormir temprano. ¿No se supone que lo que debemos hacer es demostrarles lo contrario, que tenemos que tomarnos la noche y robarle espacios a la delincuencia?”.

Las consideraciones de Giovani van más allá y lanza una pregunta que, quizás, nadie se ha hecho hasta ahora: “¿Por qué tienen que pagar los pelados buenos por las cosas que están haciendo los malos?”.

Jóvenes: amenazados por doquier

Hoy por hoy, ser joven en la comuna 6 significa ser blanco de amenazas e intimidaciones que provienen de las bandas armadas que allí operan; ser objeto de maltratos y abusos ejercidos por la Fuerza Pública y de ser señalados y estigmatizados por la propia comunidad.

Por el sólo hecho de vivir en barrios como San Martín de Porres, Kennedy, Miramar, Doce de Octubre, Picacho, La Esperanza, entre otros, varios estudiantes han tenido que dejar de asistir a clases o pedir traslados para otras instituciones educativas, luego de recibir amenazas de las bandas armadas.

“Hay jóvenes que viven en Kennedy y tienen que ir a estudiar a Castilla o al Doce (de Octubre). Entonces, en su desplazamiento tienen que pasar por cuatro o cinco zonas de conflicto y las bandas comienzan a señalarlos como ‘carritos’ o ‘sapos’ o sólo por vivir en determinado barrio los van amenazando”, señaló Giovani.

Como ejemplo citó el caso de su propia hija, quien dejó de asistir a las reuniones de un grupo juvenil con sede en el Doce de Octubre, debido a las intimidaciones ejercidas por las bandas. “Cómo se congregaban jóvenes de todos los sectores, entonces los ‘pillos’ comenzaron a decirles a los de otros barrios: ‘hey, vos que haces por aquí’, ‘mucho cuidado que te tenemos pillado’. Así, ¿quién sale?”, agregó.

Lo paradójico es que las estructuras que tienen en jaque la seguridad ciudadana están conformadas, en su gran mayoría, por menores de edad. Uno de los casos más representativos lo constituye la banda “la machaca”, cuyo radio de acción se encuentra a lo largo de la carrera 80, entre las calles 94 y 97aa.

Su presencia ha sido histórica en este sector de la ciudad, pero muchos de los que lograron sobrevivir la violencia de finales de los años 90 y principios de 2000, hoy están muertos o, simplemente, ya no están.

“Hay un fuerte relevo generacional de los ‘machacos’. Son pelados desde los 14 años, que no le temen a la muerte y, como si fuera poco, hoy cuentan con el patrocinio de un gran capo como ‘Valenciano’. Esa es la diferencia con años atrás. Uno podía dialogar con los líderes de las bandas. Eran pelados del barrio, pero hoy, el patrón es alguien que no está. Ellos dicen que obedecen órdenes, que tienen que mostrar resultados y que, por eso, les pagan bien”, dijo Carlos Arcila, vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6.

Como si fuera poco, las acciones de la Policía Nacional tampoco tienen muy contenta a la comunidad, pues manifiestan que se están cometiendo graves atropellos contra la población juvenil que, en muchos casos, nada tiene que ver con la confrontación armada.

Muestra de lo anterior es lo ocurrido el pasado sábado 15 de agosto, cuando agentes de la Policía retuvieron a eso de las 9:00 de la noche y sin explicación alguna, a seis menores de edad que departían en el sector conocido como María Auxiliadora, contiguo a La Maruchenga. Los jóvenes fueron conducidos a la cancha La Maracana, del barrio Castilla.

“El problema es que los pelados de este barrio (María Auxiliadora) están en guerra con los bananeros, que

La comuna 6, en el noroccidente de la ciudad, posee 13 barrios y es uno de los más densamente poblados.

son de Castilla. ¿Qué hizo la Policía? Simplemente los dejaron allá, expuestos. Y claro, llegaron los ‘bananeros’ y los amenazaron. No los mataron porque Dios es muy grande, pero les dijeron de todo”, narró una pobladora de María Auxiliadora, quien presenció los hechos y solicitó reserva del nombre.

“Yo que los conozco, puedo decir que son pelados sanos, juiciosos”, agregó. La preocupación ahora es para las familias de dos de los seis menores, pues debido a las amenazas recibidazas no se atreven a regresar a clases en la Institución Educativa Ricardo Rendón, ubicada precisamente en zona de influencia de la banda los bananeros.

Este no es el único caso que se ha presentado. La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 ha conocido casos de adolescentes que son retenidos por la Policía en determinado barrio y luego conducidos y “abandonados a su suerte” en sectores de alta confrontación.

Medidas alternativas

La vida social en los barrios de la comuna 6 ya no es la misma de años atrás: los líderes ya no se reúnen para discutir los problemas de su comunidad; se acabaron las integraciones barriales y deportivas; los comerciantes que derivaban su sustento de la noche viven días amargos y la población juvenil (quizás la más afectada) desconfía hasta de su propia sombra.

Y si bien a muchas familias de la zona les genera cierto grado de tranquilidad saber que sus hijos tendrán que estar temprano en sus casas, también reconocen que si la medida de toque de queda no se acompaña de otras acciones de tipo educativo y formativo, no dejará de ser “un paño de agua tibia”.

“Se restringe la noche a los muchachos y, bueno, está bien. Pero, ¿qué les vamos a ofrecer entonces? Lo que necesita esta comuna es ganarle espacios a la muerte. ¿Porqué no hacemos tomas culturales, rumbas sanas para los muchachos acompañados por la Institucionalidad?”, apuntó Giovani Villa.

Su postura es compartida por el vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, quien invitó a la Administración Municipal a desarrollar mayores actividades en la zona, principalmente dirigidas a la juventud. “Nosotros le hemos dicho a la Alcaldía que vengan constantemente y desarrollen actividades. Pero están haciendo todo lo contrario: envían más policías y obligan a todo mundo a entrarse temprano. ¿Así, a quién va perseguir la Fuerza Pública entonces?”, acotó Arcila.

ACTUALIZADO ( LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2009 11:23 ) Tomado de www.ipc.org.co

Debate al toque de queda en la Mesa de DD. HH.

En la sesión del 21 de agosto la Mesa de DD. HH. y Convivencia de la Comuna Seis de Medellín debatió la situación de derechos humanos y las medidas que se tomaron para contrarrestar el auge de los homicidios.

La Mesa no comparte el toque de queda propuesto por el comandante de la policía de mandar a dormir a la gente desde las seis de la tarde.

Tampoco comparte la Mesa que los derechos de tránsito y circulación sean restringidos en nombre de la seguridad.

La Mesa llamó la atención sobre los retenes policiales y los excesos que en ellos se cometen cuando no están debidamente señalizados y cuando se deja en libertad a los retenidos en lugares de confrontación armada.

La Mesa llamó la atención diciendo que el toque de queda más que golpear a las bandas, golpea a los pobres y los hace más pobres. El comercio cerrado es un desastre para los ingresos de los más pobres.

Que los retenes policiales no sean patíbulos de ejecución

Los retenes policiales tienen que ser visibles, estar debidamente señalizados, de manera tal que toda persona los advierta, y pueda hacer caso a los requerimientos de las autoridades. Así lo ha dicho el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades.

Aquí una de ellas:

Los retenes policiales no pueden ser patíbulos de ejecución para quienes, por inadvertencia o por temor (hoy más que nunca justificado ante los "retenes" de la delincuencia organizada vestida con uniformes militares) desacaten la orden de detenerse para una requisa. El temor de los automovilistas que transitan por las vías nacionales, pueden en cierto grado justificar o atenuar el desacato que eventualmente pueda presentarse, pero en ninguna forma justifica disparar a matar a quien no acate la orden de "pare" impartida desde un retén, muchos de ellos instalados sin la debida señalización. Aquí la autoridad debe dar un gran ejemplo y no rebajarse al nivel de los delincuentes. Aunque fuera cierto que el vehículo se les vino encima -a los militares - desacatando la orden de "alto" pasado, el peligro no tenían por qué cobrar, vindicativamente, la agresión, antecedente o el desacato.

Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Santafé de Bogotá D.C. Diciembre diez y seis (16) de mil novecientos noventa y dos (1992).

Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

Ref. Expediente No. 7638.- Consulta.- Actor : MARIA AMPARO GALVIS CASTRO

Concepto elaborado por Rafael Rincón P. de la Oficina de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus

Pronunciamiento público

EL COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE MEDELLÍN RECHAZA, POR VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS, LA DECLARATORIA DE TOQUE DE QUEDA Y LA CRECIENTE MILITARIZACIÓN DE LA CIUDAD

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:

1. Desde hace varios meses, organizaciones sociales y de derechos humanos hemos advertido sobre la presencia masiva en Medellín de grupos armados que ejercen prácticas de control territorial y poblacional de carácter paramilitar sometiendo a los habitantes a diversas expresiones de violencia, sin una reacción adecuada de las autoridades. Ante estas denuncias, la Administración Municipal ha mostrado una actitud de desprecio, indiferencia y estigmatización, señalando en no pocas ocasiones la presunta intención de estas denuncias de hacerle daño a la imagen de la ciudad. Ahora, al fin reconocen que la situación es muy grave, pero toman las medidas equivocadas.

2. Rechazamos las medidas militaristas, restrictivas de libertades ciudadanas, como el centro de la acción contra la delincuencia y el paramilitarismo que actúan en Medellín, no sólo porque han demostrado en ocasiones anteriores ser inútiles, sino porque hacen parte de un enfoque que presume que la forma cómo se resuelven los problemas de violencia es con más violencia. Ya la ciudad conoce el ¨milagro de paz urbano¨ que representó la Operación Orión realizada en octubre del 2002, lo que significó centenares de personas asesinadas, desaparecidas forzadamente, desplazadas de sus viviendas, torturadas, y el posicionamiento hegemónico de los paramilitares como fuerza de control en la comuna 13 con el apoyo de los organismos del Estado.

3. La reducción por parte de la Administración Municipal del inventario de acciones contra la violencia, expresada en la demanda incesante de aumento de pie de fuerza en la ciudad, ejemplifica su debilidad para pensar en una concepción de seguridad integral que vaya más allá de la militarización creciente de la vida cotidiana, además que implica una onerosa inversión en recursos que en lugar de estar dedicados a la guerra, debieran invertirse en los miles de pobladores de esta ciudad que viven en condiciones denigrantes.

4. Medidas como el toque de queda para los menores de edad, representan una visión estigmatizante sobre la población de estos sectores, en especial de la niñez y la juventud, que justifica las agresiones legales e ilegales que se producen todos los días en la ciudad y en específico, alteran el desarrollo de la vida cotidiana de la población juvenil y de los establecimientos educativos. Exigimos el respeto pleno a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues también son sujetos de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política y en Instrumentos Internacionales de derechos humanos.

El Comité Municipal de Derechos Humanos exige el cese inmediato de estas medidas, y anuncia su determinación de desarrollar acciones de acompañamiento a la población de los sectores objeto de militarización creciente.

　

Medellìn, agosto 21 de 2009

Firman

Asociacion Campesina de Antioquia

Asonal Judicial Antioquia

Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia

Asociación de Mujeres que Aman Mujeres

Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ

Cemcaba La Moña

Central Unitaria de Trabajadores Antioquia

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad

Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES

Corporación Para la Vida Mujeres que Crean

Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración Social CEDECIS

Corporación Vamos Mujer

Corporación Convivamos

Corporación Educativa Combos

Corporación El Solar

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Nuevo Arco Iris

Corporación Penca de Sábila

Corporación Nueva Gente

Fundación Sumapaz

Grupo Estudiantil Kavilando

Grupo de Investigaciòn para el el Desarrollo, la paz y la Democracia, GIDPAD de Formación Humana y Bioética de la Universidad San Buenaventura

Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos

Oficina háBeas Corpus

Instituto Popular de Capacitación IPC

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Antioquia

Redepaz Antioquia

Red Juvenil de Medellín

Ruta Pacífica de las Mujeres

¿Qué es el toque de queda?

El toque de queda es una medida administrativa de policía mediante la cual se restringen algunos derechos, en particular los de circulación, tránsito, reunión. En Colombia el alcalde municipal como primera autoridad de policía es el competente para tomar esta decisión.

Toque de queda o cubre-fuego es la hora de la noche en la que se apagaba el fuego y la gente se tenía que ir a acostar.

En toque de queda los ciudadanos son obligados a encerrarse como medida cautelar de sus derechos a la vida y a la integridad física a cambio de sus derechos de reunión y circulación. Es una medida excepcional y temporal mientras las autoridades de policía restablecen la seguridad en un lugar determinado.

Los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados mientras rige el toque de queda y la policía no adquiere ninguna facultad adicional a la que tiene en tiempos normales. No pueden darse excesos en los procedimientos policiales ni en las capturas. Las personas capturadas tienen todos los derechos de un capturado y quien infrinja el toque de queda solo puede ser mantenido privado de la libertad mientras se determina si existe una orden judicial de captura contra ella.

Ventajas del toque de queda: Es una medida que facilita los operativos policiales e impide las acciones de la delincuencia.

Desventajas: El toque de queda limita derechos humanos fundamentales como el de tránsito, circulación, reunión e impide el desarrollo de actividades comerciales y laborales.

Concepto elaborado por Rafael Rincón P., abogado de la Oficina háBeas Corpus

No al toque de queda en la Comuna Seis de Medellín

Medellín 17 de agosto del 2009

Doctor

ALONSO SALAZAR JARAMILLO

Alcalde de Medellín

Respetado doctor Salazar.

La Mesa de Comerciantes y la Mesa de derechos Humanos de la Comuna seis, referente a la propuesta que presenta el Comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Luis Eduardo Martínez de realizar un Toque de Queda en la ciudad especialmente en los sectores de mayor conflicto como la comuna seis.

Planteamos:

1. Que nuestra comuna ya se encuentra en Toque de Queda por los actores armados que se encuentran enfrentados y como consecuencia se vienen cerrando los Establecimientos Públicos formales e informales, existen fronteras imaginarias, la vida nocturna se ha perdido por los miedos, temores y amenazas.

2. Que dicha propuesta va en contravía de la movilidad y el libre desplazamiento apoyando el miedo y la zozobra.

3. Que va en contra del derecho al trabajo de los pocos comerciantes y comunidad que se atreven a salir en la noche.

4. Que no entendemos porque se reduce los horarios y se piensa en limitar la movilidad y el derecho al trabajo cuando las causas de la violencia no son los establecimientos abiertos al publico ya que sabemos que los homicidios ocurren en el día, en cualquier momento menos esperado y por enfrentamiento de poderes en los sectores.

Por los siguientes motivos le solicitamos:

1. Que acompañamos y valoramos el esfuerzo que la Policía y la Secretaria de Gobierno vienen realizando por la seguridad de la ciudad pero proponemos que se realice una reunión para el próximo viernes a las 3:00 p.m en el Centro de Integración barrial 12 de octubre con los comerciantes y comunidad en general para tratar dicha problemática.

2. Que debemos pensar en propuestas de movilización social como tomas de la noche, fortalecimiento ciudadano y cultural y no dejarnos atemorizar por los violentos.

3. Que la comunidad y el comercio no debe de ser castigada dos veces por un lado por los violentos y por el otro con propuestas de este tipo las cuales plantea la Policía que perjudican a la comunidad y al comercio.

4. Que es necesario articular los procesos sociales, a la Policía y a la Alcaldía de Medellín que permitan romper las causas de la violencia.

5. Buscar propuestas de cortos y largo alcance que no respondan solamente a la coyuntura.

6. Que esta sea una oportunidad para el Programa de Medellín Despierta para la vida en un lugar donde nos están matando la vida el proceso que se lleva con los comerciantes y la comunidad se fortalezca en la noche.

Cordialmente,

JAVIER ROJAS ALVAREZ, Presidente Mesa Comerciantes Comuna 06; CARLOS ALBERTO ARCILA VALENCIA, Coordinador Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Seis; HÉCTOR DARÍO ARANGO, Secretario; HUGO GAVIRIA QUINTERO, Vicepresidente; ALIRIO VALENCIA, Tesorero; VICTOR VELÁSQUEZ, Fiscal.