Por
Jorge Mejia Martinez
No sé qué pensar de lo siguiente: conocimos por uno de los canales de TV locales, que el señor Alcalde de Medellín se reunió el día 20 de agosto con miembros de las bandas o combos que actúan en la comuna 13, en un lugar del barrio Las Independencias. EL propósito era concretar un cese de hostilidades entre las organizaciones delincuenciales enfrentadas, a cambio de ayudas oficiales para los miembros involucrados a título de “inversión social”. La conminación por la no concreción del cese a la violencia, fue perentoria: ¡la autoridad ingresaría al sector con el ejército inclusive!
No he dejado de cavilar en el asunto. No recuerdo ningún alcalde de Medellín que en los últimos 20 años se haya reunido, personalmente, con miembros de los combos o bandas para concertar su desactivación. Sí lo han hecho las administraciones a través de consejeros o asesores de paz y convivencia. El resultado son múltiples pactos de no agresión o mesas barriales de buena voluntad, cuyos resultados pueden ser positivos en el momento, pero sin sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Los muchachos reciben unos recursos y atenciones por parte del Estado a nivel local, pero luego vuelven a reincidir o los que sí cumplen los acuerdos, rápidamente son reemplazados por otros que ingresan a la criminalidad. El círculo vicioso se alimenta y reproduce. El mensaje que se le da a la sociedad y, de manera particular, a los jóvenes no problema que son la inmensa mayoría, es que delinquir SÍ paga.
La ciudad está en mora de hacer una evaluación seria de las experiencias tenidas en este campo, particularmente la más reciente: El programa Jóvenes en alto riesgo, que implica una cuantiosa erogación para el Municipio que termina en los bolsillos de cerca de 1.200 muchachos y cuyo impacto no se siente – lo que ocurre hoy es la mejor muestra-. Ahora bien, no encuentro la justificación constitucional o legal para que la administración pública, a cualquier nivel, negocie con la delincuencia común –para hacer alguna distinción de la guerrilla o el paramilitarismo, con quienes sí hay herramientas jurídicas para concertar- en aras de su apaciguamiento sin someterse a la autoridad o a la justicia. Desde la gobernación de Antioquia, en el periodo anterior, siempre nos dimos contra la pared para encontrarle una salida jurídica a la posibilidad de desactivar las bandas y combos en municipios como Bello e Itaguí, desorientadas ante la desmovilización de los jefes paramilitares que actuaban como reguladores de su actividad. El gobierno nacional siempre nos respondió que no había camino jurídico para hacerlo. Pero, desde hace cerca de dos décadas las municipalidades de estas localidades, incluido Medellín -con la venia o no del gobierno nacional- han encontrado la argucia o el esguince para sentarse en la misma mesa con sectores delincuenciales a cambio de favorecimientos presupuestales.
Una semana después de la reunión del barrio las independencias del 20 de agosto, la ciudad conoció, desde otro lugar de la comuna 13, el plan operativo y social de las autoridades locales contra la inseguridad en Medellín. Se trata de una propuesta coherente, seria y bien pensada, digna del apoyo de toda la comunidad. Allí se enuncia que “se ampliarán los programas para jóvenes que elijan la legalidad”. Suena bien, pero ¿sí será justo con el resto de jóvenes que venciendo las tentaciones de ingresar a la delincuencia organizada, siguen esperando las esquivas oportunidades de la mano del Estado?
Otra incertidumbre: negociar con cada banda o combo de Medellín, parte del reconocimiento de que lo que ocurre en la ciudad es una confrontación o disputa por el control territorial y de actividades ilícitas, entre mini organizaciones delincuenciales que actúan como ruedas sueltas. Muchos piensan otra cosa: en Medellín existe una confrontación entre estructuras fuertes, centralizadas, con cobertura más allá de los barrios y las comunas, que tienen a su servicio a buena parte de las bandas y los combos, que deben “consultar” más arriba sus acciones. Es como si el gobierno nacional se pusiera a negociar con cada cuadrilla, frente o bloque de las Farc, a sabiendas que hay una estructura piramidal que parte desde el secretariado. Por lo menos, el desgaste es mucho mayor.
PD: Jorge Ceballos es un gran ciudadano y funcionario con importantes resultados, desde la dirección de derechos humanos de la Personería de Medellín. No hay motivo alguno para que su renuncia que sabemos no fue espontanea, sea aceptada. De ser así, pierde la administración pública, pierde la decencia de la política y perdemos todos.
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